Cuando el periódico Milenio publicó que unas 50 organizaciones no gubernamentales vivian de la nómina del gobierno de Oaxaca, la autoridad de aquel estado negó la versión.
Sin embargo, en entrevista para La Otra Opinión, el periodista Carlos Ramírez –quien conoce a profundidad la vida política de Oaxaca–, explicó que de acuerdo a una de sus investigaciones, en 2012, la nómina oaxaqueña destinó 66 mil millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que el 52 por ciento del dinero de Oaxaca se gastaría en estos grupúsculos de vividores. Por lo que, considerando el monto invertido, Ramírez estima que habría hasta 10 mil organizaciones de la sociedad civil, que maman del presupuesto público.
Entre las organizaciones que más dinero reciben –de acuerdo con Ramírez–, estarían Antorcha Campesina, que en 2011 se habría llevado 111 millones y 130 millones en 2012; así como las organizaciones de la lucha Triqui o la tradicional COCEI.
Pareciera, según Ramírez, que la única forma de controlar a los grupos sociales es con el drenaje de recursos.
Esta historia de saqueos comenzó, de acuerdo con el periodista, con el gobierno de Heladio Ramírez –en 1986–, cuando sumó a la nómina estatal a muchos de los grupos de la sociedad civil que decía representar. Sin embargo, fue hasta 1998 –durante el gobierno de José Murat–, que la situación salió de control pues se llenó de dinero los bolsillos de la sección 22 y se sentaron las bases para el descontrol de hoy día.
Es así que, para 2006, la CNTE exigía 150 millones de pesos para dejar el estado en paz. No obstante, ante la negativa de pago de la autoridad –estatal y federal–, el estado quedó en manos del caos. Y la historia sigue siendo la misma.
