Esta mañana, el coordinador de Seguridad de Sinaloa, Moisés Melo García, informó que un grupo de militares en Culiacán fue emboscado por miembros del crimen organizado mientras trasladaban a una persona herida en una ambulancia sobre la carretera México-Nogales.
Las primeras versiones arrojan que los responsables de la emboscada pudieron ser los hijos de El Chapo Guzmán.
El saldo de este enfrentamiento es hasta el momento es de seis militares muertos, así como 10 soldados y un socorrista herido.
Los hechos se desataron cuando un número indefinido de hombres que viajaba en ocho camionetas emboscó a los militares a las 3:45 de la mañana; para después atacarlos con granadas, fusiles Barrett calibre 50, metralletas y fusiles AR-15.
Es evidente que a pesar de los intentos del gobierno de la entidad por reducir el crimen organizado en Sinaloa, estos grupos han decidido quedarse y pelear por lo que creen propio.
Es lamentable que este tipo de organizaciones mantienen secuestrada la seguridad de los habitantes de esta localidad, y que sus enfrentamientos con las autoridades continúan cobrando la vida de más y más inocentes.
Pero lo más lamentable de todo es que no hay organización que defienda los derechos humanos de los miembros del Ejército.
¿Dónde están esas organizaciones que siempre se pronuncian en favor de los Derechos Humanos?
Evidentemente lejos de este caso, pues en esta ocasión hablamos de militares no de delincuentes, como en el caso Tanhuato, donde las ONG’s no faltaron para reprochar a la autoridad por responder con fuego a un ataque.
