Mecanismo de protección a periodistas; en el olvido hasta hace días

La Otra Opinión |
18-05-2017 06:11 PM

Los seis asesinatos de periodistas registrados en México en lo que va del año --y en particular el del fundador del semanario Riodoce, Javier Valdéz-- pusieron en la palestra la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.

Por ello, y después de que el gremio periodístico se volcó en críticas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció una serie de acciones para proteger la libertad de expresión y salvaguardar la integridad de los comunicadores.

Sin duda, la más importante de las acciones anunciadas por el Ejecutivo es la que consiste en fortalecer la estructura y el presupuesto asignados al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Se trata de un protocolo que --en el caso de los periodistas-- se aplica al detectarse amenazas de ataque en contra de algún comunicador, y que puede consistir en medidas que incluyen la asignación de escoltas para los periodistas en situación de riesgo.

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, dicho mecanismo de protección ampara en la actualidad a un total de 538 personas, de las cuales 200 son periodistas. Y con su fortalecimiento, será posible “garantizar que un periodista, pueda seguir desempeñando su tarea con seguridad”.

Sin embargo, la “solución estrella” propuesta por el gobierno federal para enfrentar la violencia contra la prensa más bien pone de manifiesto el problema de fondo.

Y es que la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, reveló en entrevista para el periódico Milenio que en este 2017 el Fondo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no recibió ni un sólo peso para operar.

Según explicó la funcionaria, la nula asignación de presupuesto se debe a que en el ejercicio de 2016 el Fondo tuvo recursos sobrantes por 200 millones de pesos, por lo que es probable que las autoridades no hayan considerado necesario asignar una nueva partida.

El problema es que --según explica Colchero Aragonés-- lo que no se contempló fue la tendencia a la alza que se registraría en el número de solicitudes de periodistas que buscan el cobijo del mecanismo de protección. Mientras en 2016 se adherían en promedio 10 personas al mes, en lo que va de 2017 esa cifra se ha duplicado.

Lo más grave es que --de acuerdo con Milenio--la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados ya había sido alertada por Colchero Aragonés de la falta de recursos, ello durante una reunión de trabajo realizada el 6 de abril en la que la funcionaria explicó que era posible que si no se asignaba un mayor presupuesto, el Fondo se terminara en el mes de septiembre.

Ahora, con las medidas anunciadas por el presidente y el reforzamiento del mecanismo, lo más probable es que éste no se quede sin fondos.

Sin embargo, el hecho de que la principal apuesta del gobierno para combatir las agresiones a periodistas no haya tenido recursos asignados antes de la actual coyuntura demuestra que --al menos en este aspecto-- las autoridades trabajan de forma reactiva y no proactiva.

 

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