Después de posponer durante semanas el debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, la noche del lunes, el Senado de la República aprobó –en lo general– la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley 3 de 3).
De acuerdo con la información que circula en medios, el resto de las iniciativas –como la Ley Orgánica de la PGR–, serán discutidas este martes por las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos.
El objetivo de las iniciativas es coordinar todos los órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades de prevención, investigación y sanción en casos de corrupción.
Por otra parte, el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –que pugna por hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses– establece que esta información debe restringirse por seguridad de los servidores públicos.
A la vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero del PVEM, afirmó que la Ley General del SNA apela al empoderamiento de los ciudadanos; los responsables de operar el sistema.
“Los ciudadanos van a presidir el SNA, sin duda su propio comité y su órgano de gobierno, el gran empoderado de este sistema son los ciudadanos, ese es uno de los grandes acuerdos de los grupos parlamentarios”, señaló Escudero.
Es preciso recordar que el 28 de mayo del 2015 inició el plazo de un año para que el Congreso de la Unión expidiera la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, los legisladores excedieron la fecha límite para la aprobación de la reforma debido a que en el periodo establecido se atravesaron las elecciones estatales.
