70 mil millones de pesos a la deriva por conflicto Coneval-INEGI

Tras la polémica desatada el pasado 15 de julio por el Coneval –luego de la modificación que hizo el INEGI en su metodología para la recolección de datos sobre el ingreso de las familias mexicanas–, este martes ambos organismos anunciaron que se pospondrá la publicación de la medición de pobreza 2015; la cual estaba prevista para el viernes.

El citado anuncio no sólo hace inutilizable –al menos por el momento– el estudio elaborado por el INEGI. También genera incertidumbre respecto al destino de 70 mil millones de pesos etiquetados para que los gobiernos estatales inviertan en programas de infraestructura social. Por ello, no sobra preguntar ¿Cuál fue el error? ¿Cómo se corregirá? ¿Qué ocurrirá con los datos recabados con el INEGI? ¿Cómo se distribuirán recursos para el diseño de políticas públicas y programas sociales?

Cuando el INEGI decidió incluir en sus instrumentos de medición el ingreso que las familias reciben por el apoyo de programas sociales, generó una incompatibilidad con estudios de años anteriores. Sin embargo, parece que el problema pudo haber sido previsto. Tanto INEGI como Coneval pudieron haber trabajado para adaptar los instrumentos con anticipación y no retrasar la publicación de los resultados. En lugar de ello, prefirieron pasarse la “papa caliente”.

INEGI afirma que dio a conocer los cambios que realizaría en la medición desde hace un año. Por su parte, el Secretario Ejecutivo de Coneval, Gonzalo Hernández, menciona que INEGI implementó –durante los operativos en campo– acciones que no estaban señaladas en los manuales.

De cualquier manera, el hecho es que los problemas de incompatibilidad no fueron tratados con anticipación. Por ahora, los 154 millones de pesos que costó la elaboración del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 no han servido para encontrar respuestas sobre la situación de la pobreza en México. Dichas respuestas no llegarán hasta que se desarrolle un instrumento que haga los datos de 2015 comparables con los de años anteriores.

INEGI y Coneval ya dieron los primeros pasos para solucionar el problema. Anunciaron la creación de un grupo de trabajo con representantes de ambas organizaciones y de la Comisión Económica para América Latina en la que se desarrollará el instrumento para hacer compatibles los datos del estudio de medición de pobreza 2015 con los que se han elaborado desde 2008.

No obstante, el daño ya está hecho. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) utiliza el estudio del Coneval para asignar a las entidades federativas dinero del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, cuyo monto de este año asciende a 70 mil millones de pesos. Entonces, la postergación indefinida de la publicación de la medición de pobreza 2015 no sólo hace imposible saber cómo ha evolucionado la situación de la pobreza en México; también obstaculiza la repartición de recursos para programas de desarrollo social en todo el país.

Ante esta situación, las interrogantes que quedan abiertas son ¿qué pasará con esos 70 mil millones de pesos? ¿Quién decidirá cómo repartirlos? ¿bajo qué criterios? Si la decisión no está respaldada por un estudio, ¿qué garantías hay de que la repartición será acorde con las necesidades de la población? ¿Habrá transparencia en el proceso?