A dos meses con AMLO suman 317 secuestros, alerta Alto al Secuestro

Para Miranda de Wallace "es alarmante el incremento de cifras en este delito. Si bien había manipulación de la estadística, lo cierto es que esta es una cifra escandalosa"

El martes 19 de febrero la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace presentó su primer informe sobre este delito, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, con números alarmantes.

Ya que en los primeros dos meses de este sexenio se registraron 317 secuestros —151 en diciembre y 229 en enero—, con un promedio de cinco raptos diarios y 35 semanales.

Con base en la información que expuso Alto al Secuestro, los estados con el mayor número de plagios son: Veracruz, con 51; Estado de México, 26; Ciudad de México, 23; Puebla, 14, y Tamaulipas, con 11.

Cabe mencionar, que en dichas entidades se suscitaron el 69 por ciento de los 190 raptos que ocurrieron en enero.

Para Miranda de Wallace “es alarmante el incremento de cifras en este delito. Si bien había manipulación de la estadística, lo cierto es que esta es una cifra escandalosa”.

Sin embargo, puso especial énfasis en el estado de Veracruz, gobernado por el morenista, Cuitláhuac García, ya que su entidad ocupa el primer lugar en personas privadas de su libertad.

“Hacemos un atento y firme llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que cumpla su palabra empeñada en campaña de devolver la seguridad a los veracruzanos y erradique este delito, ya que actualmente ocurre por lo menos un secuestro al día en la entidad”, advirtió la activista.

En consecuencia, Isabel Miranda le pidió al presidente que proponga “un plan nacional contra el delito de secuestro”, pues el último venció el pasado 31 de diciembre de 2018.

La activista también presentó, en el Consejo Nacional de Seguridad, una serie de indicadores para medir la eficacia de cada una de las Unidades Antisecuestro, así como una propuesta de Programa Nacional para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Secuestro en el que se incluye que cada gobierno estatal, municipal y federal se haga responsable en sus competencias para encarar dicho ilícito.