n Iguala, es casi un hecho que el Frente de Ricardo Anaya imponga como diputado a un exalcalde con el que inició la penetración del crimen organizado en el municipio en 1996, y quien a su vez heredó la alcaldía a José Luis Abarca, el autor intelectual de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Pero la de Lázaro Mazón en Iguala es apenas una de las imposiciones de políticos impresentables del Frente de Anaya: por ejemplo, en San Luis Potosí ya ratificó como candidato a diputado federal a quien estuviera preso por vínculos con los Zetas y un desvío de 209 millones de pesos.
Se trata del perredista Ricardo Gallardo Cardona, expresidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a quien, sin embargo, el Frente de Anaya considera “uno de los activos políticos más importantes que tiene el partido en la región Centro-Norte del país, y garantiza el triunfo”.
Incluso, el PRD perdió una oportunidad de quedarse callado, al asegurar que El Pollo, como le dicen a su expresidiario candidato, no busca la alcaldía para conseguir fuero. ¡No, qué va! Hombre, si el tal Pollo está libre apenas con un amparo que le ratificaron hace sólo un mes.
Por supuesto que, por la vía legal, el PRD tiene toda la razón al postular a un hombre que goza de los beneficios que otorga la Constitución. En ese punto, la postura del partido es impecable:
“Ricardo Gallardo tiene sus derechos políticos a salvo y por ello le confirieron la candidatura, si buscara fuero buscaría una candidatura plurinominal, pero se someterá a la decisión del pueblo, y dará una elección histórica si el electorado determina que sí cumple sus proyectos y propuestas”.
Aunque el asunto aquí, como en el caso de Lázaro Mazón en Iguala, es moral, no legal, pues el padre de El Pollo, del mismo nombre, es el actual alcalde de la capital de San Luis Potosí y busca reelegirse por el Frente de Anaya, lo cual también es legal, pero, igualmente, cuestionable en lo moral.
Porque Gallardo padre enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, por el desvío de más de 66 millones de pesos en la compra de medicamentos a una farmacia que no era farmacia, sino una bodega, y que estaba en el municipio que entonces gobernaba… su hijo.
Sí, puede que sea muy legal todo y que consigan amparos, pero todo lo relacionado con los Gallardo hijo y padre huele a azufre, pues las autoridades jamás encontraron a la supuesta proveedora de los medicamentos por 66 millones de pesos, una tal Sandra Sánchez Ruiz.
Pues… ni modo. Ése es el Frente de Anaya.
Algo incorregible.
