Alcaldes perredistas: protectores desprotegidos

Este martes se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Alcaldes del PRD, en el que 260 presidentes municipales del Sol Azteca se reunieron con la presidenta del partido, Alejandra Barrales; con la secretaria general, Beatriz Mojica; y con el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo García. En el evento, los alcaldes y la dirigencia del partido pidieron al Gobierno federal que les brinde protección en contra del crimen organizado pues los municipios son el nivel de gobierno más vulnerable a la corrupción y al crimen organizado. Tan solo en los 10 últimos días años han sido asesinados alrededor de 50 alcaldes de distintos partidos políticos.

Al respecto, Barrales aseguró que la próxima semana se reunirá con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir que se mejore el protocolo de protección a alcaldes amenazados por el crimen organizado. De acuerdo con Barrales, buscarán definir qué hacer en caso de que un edil reciba amenazas, a quién acudir y qué medidas tomar para su protección.

Pero, ¿Y los ciudadanos que reciben amenazas? ¿Y los ciudadanos con quién acuden si la autoridad no es capaz?  

Barrales también aseguró que buscará el apoyo de los gobiernos estatales del partido —en Morelos, Michoacán, Tabasco y la Ciudad de México— para que los ayuntamientos reciban equipo armas, patrullas y chalecos antibalas, y para que se brinde una mejor capacitación a la policía municipal. Pero,¿Y los ciudadanos?

A su vez, Beatriz Mojica presentó el “Nuevo enfoque de seguridad”, según el cual los alcaldes perredistas impulsarán programas sociales en sus municipios para inhibir la delincuencia. Pero, ¿Y los ciudadanos?

Y a la exposición de los ciudadanos, la misma Barrales afirma: “Si los alcaldes no tienen garantizada su seguridad, los ciudadanos no tienen nada qué esperar”.

Si los encargados de proteger a la población están desprotegidos, ¿Quién garantiza la seguridad de los ciudadanos? Los alcaldes, como autoridades y figuras visibles podrán pedir un protocolo para que se garantice la seguridad. Pero, ¿Por qué no hay una actuación tan pronta —con establecimiento de acuerdos y protocolos— para proteger a los “ciudadanos de a pie” cuyas vidas también son amenazadas por el crimen organizado?