En el México de López Obrador cada vez resulta más frecuente que un político desempeñe –a un tiempo–, las facultades propias del Ejecutivo y el Legislativo.
Y ese nefasto híbrido del poder –mezcla perros y gatos en un costal–, es posible gracias a la impunidad que se vive en el naciente gobierno. ¿Lo dudan…?
Recientemente, el gobernador de Chiapas era, al mismo tiempo, mandatario estatal con licencia y senador. Luego fue senador con licencia y gobernador. Al final, el Senado lo exoneró de sus pillerías en el cargo de gobernador, gracias a su amistad con Obrador, al que ayudó a llegar al poder.
Mazacotes como ese son posibles porque en los nuevos tiempos del poder político, pocos respetan la división de poderes.
Otro ejemplo es el de Olga Sánchez Cordero, quien era senadora y al mismo tiempo despachaba como titular de Gobernación. En el senado metió mano en no pocas iniciativas y, peor, seguía cobrando su pensión de la Corte.
Un caso de escándalo es el de Germán Martínez, quien durante su breve pasó por el Senado, en la banca de Morena, promovió reformas al IMSS que entrarán en vigor cuando el ex panista ya despacha como director del Seguro Social. Larga lista del repudiable manoseo de la independencia de los poderes.
Pero acaso el escándalo mayor se localice en torno al jefe de las instituciones, el Presidente de los mexicanos, quien se desempeña, al mismo tiempo, como jefe del Ejecutivo, predicador matutino, legislador y hasta jefe del Poder Judicial.
Si hacemos memoria, el 15 de julio de 2018, el candidato presidencial más votado –no era presidente electo y tampoco presidente constitucional–, dijo que su sueldo como presidente sería de 108 mil pesos mensuales.
A partir del 1 de septiembre, cuando se instaló el Congreso, diputados y senadores de Morena trabajaron la Ley de Remuneración Salarial de los Servidores Públicos, a partir de lo que propuso el candidato más votado, que no era ni presidente, ni diputado ni senador ¿Y qué quiere decir lo anterior?
Que el ciudadano Obrador, el Presidente electo y el Presidente Constitucional, usurparon las facultades del Congreso. ¿Por qué?
Porque según la fracción 2da del 127 Constitucional, la facultad de fijar el salario presidencial corresponde al los diputados, a propuesta del Presidente, en el presupuesto.
Dice el citado artículo: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida por el Presidente de la República, en el presupuesto correspondiente”.
Es decir, el salario del Presidente López Obrador lo propuso el candidato presidencial más votado, cuando no era Presidente y cuando aún no existía el Congreso que elaboraría y aprobaría el presupuesto 2019.
Obrador es un Presidente-diputado ya que aún o llega a la Cámara el presupuesto, que contiene el nuevo salario presidencial y… ¡ya hay una ley que consigna ese salario! ¿No es de locos..? Y nadie dice nada porque el Presidente legisla.
Al tiempo.
