Alrededor de 5 mil burócratas alistan amparos contra la Ley de Austeridad Republicana, impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual les impide trabajar en el sector privado hasta después de 10 años de haber dejado el cargo en el gobierno.
Estos son trabajadores de diferentes dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros organismos, las cuales interpondrán el recurso legal una vez que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación.
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De acuerdo con El Universal, uno de los abogados encargados de interponer los amparos, se trata de una legislación agresiva, que no solamente se aplicará a trabajadores de gobierno que ocupen cargos de alta jerarquía en la administración pública.
“Existe la falsa creencia de que solamente va aplicar a funcionarios de alto mando. Pero están pasando por alto que en el texto dice se aplicará a quienes hayan supervisado o que hayan manejado información privilegiada”, dijo la defensa.
Por lo tanto, los trabajadores preparan una ola de demandas que se realizarán de manera colectiva por dependencia, además de que también participarán trabajadores jubilados que se pueden ver afectados ante la cancelación de algunos bonos y prestaciones.
