El próximo 30 de octubre, cuando el INEGI dé a conocer su indicador oportuno del PIB al tercer trimestre del año, observaremos que, por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, la economía mexicana registra una tasa negativa en sus cifras de crecimiento anual.
Ayer supimos que el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) retrocedió 0.4 por ciento en agosto, y ya lo había hecho en 0.6 por ciento en julio. Aun si creciera, digamos, un 0.5 por ciento en septiembre, terminaría el trimestre con una caída de 0.2 por ciento.
Y, las tendencias que se observan difícilmente hacen pensar en cifras de crecimiento más elevadas para septiembre.
Con todo, si no se revisan a la baja las cifras del segundo trimestre, este resultado no será suficiente para caracterizar la situación de la economía mexicana como de “recesión técnica”, que es la denominación popular para referirse a dos trimestres consecutivos de caídas. Habremos tenido un solo trimestre.
Sin embargo, aunque en términos simbólicos, sea relevante decir que no estamos en recesión, en un sentido práctico, tenemos una economía estancada, con todo lo que ello implica.
¿Y qué implica?
Para el empleo, habrá una pérdida aún mayor de dinamismo. Al mes de septiembre, el ritmo de creación de empleo formal fue de 1.9 por ciento a tasa anual, lo que se compara desfavorablemente el nivel que teníamos al comenzar el año y que se acercaba al 4 por ciento.
Este decrecimiento en el ritmo de creación de empleo induce a los consumidores a actuar con mucha cautela. Mucha gente ve con su incertidumbre su empleo y prefiere no incurrir en deudas.
La próxima semana conoceremos el ritmo del crédito al mes de septiembre. Sin embargo, los datos al mes de agosto marcan que, por ejemplo, los saldos en las tarjetas crecieron apenas en 2.7 por ciento en términos reales.
El otro problema asociado con el estancamiento económico tiene que ver con la recaudación.
Los supuestos de ingresos públicos están calculados sobre una estimación de crecimiento del PIB de 2 por ciento.
Los modelos de sensibilidad de Hacienda establecen que, por cada punto porcentual de pérdida o ganancia en el crecimiento, hay un impacto directo de alrededor de 35 mil millones de pesos en la recaudación.
Si en lugar de 2 por ciento, la economía crece en 2020 solo 1 por ciento, habrá una pérdida cercana a 1 por ciento en los ingresos tributarios.
Es decir, no parece inmanejable el acomodo fiscal de un menor crecimiento.
Si resultara que hay caída de la economía, entonces el problema fiscal adquiere otra dimensión y los riesgos de una degradación de la deuda de Pemex y del país, crecerían.
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Hacienda ayer mismo dio a conocer un primer paquete de licitaciones para mantenimiento y construcción de carreteras y puentes por 8 mil 767 millones de pesos, que mayormente habrán de ejercerse en 2020.
La medida es positiva, pero se requiere mucho más para generar un impacto que permita ver un cambio en la dirección de la economía.
Ayer, por cierto, también se reiteró que la inflación sigue bajo control, pues quedó en 3 por ciento en la primera quincena de octubre. Es decir, no es problema en este momento.
Mientras más información estadística se acumula, más claro queda que se requieren acciones que sí logren cambiar la orientación de las inversiones.
Se acaba el tiempo si queremos que impacten en la primera mitad del 2020.
