En el colmo del absurdo, de la incongruencia y de la insensatez, un puñado de ignorantes exigen censura.
Esta semana, en los cines comerciales, se estrenó el documental dramatizado titulado “La Noche de Iguala”.
En esta película aparecen los resultados de investigaciones periodísticas sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Sin embargo, vividores de la protesta exigen que se cancele la difusión de esta película, ¿la razón?
Que según ellos, “La Noche de Iguala” es la imposición de una mentira histórica.
Según dicen, la trama del documental dramatizado se apega a las investigaciones de la PGR y con ello, “desvirtúan la realidad y desacreditan las investigaciones serias que se han hecho”.
Según explican, el trabajo de los profesionales del periodismo que están detrás de esta producción, apoya “la mentira del estado y criminalizan a las víctimas, estigmatizan a los normalistas, desacreditan el trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) nombrado y respaldado por la CIDH y al dictamen del alto comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, Amnistía Internacional y todas las ONGs que se han manifestado nacional e internacionalmente en contra de la versión falsa que ahí se cuenta”.
Y podrán decir misa. Pero una cosa es cierta: lo que exigen es censura.
En este espacio no hemos visto la película. No sabemos si es una película buena o una no tanto. Tampoco sabemos si lo que aparece en la grabación se apega a la verdad de unos o de otros. Y menos sabemos si lo que se ve en el documental dramatizado se parece a lo que realmente ocurrió.
Pero lo que sí sabemos es que quienes demandan que no se publique, que no se difunda y que se remueva toda publicidad de la noche de Iguala, atentan contra la libre expresión.
Y es que los que antes se desgarraron las vestiduras porque el Estado intentó prohibir la difusión de La Ley de Herodes y los que antes se escandalizaron porque la Iglesia buscó lo mismo con El Crimen del Padre Amaro… hoy hacen lo mismo que cuestionaron con “La Noche de Iguala”.
Lo que estos odiadores profesionales no saben, no entienden o no han querido entender es que los ciudadanos tienen derecho a elegir qué ven y qué no ven; las distribuidoras de cine también tienen absoluta libertad de decidir qué proyectan y qué no. Y nadie tiene el derecho de exigir que se deje de difundir una película, simplemente porque no coinciden con el contenido de la misma.
No cabe duda, algunos mexicanos son verdaderos ignorantes de la libertad que dicen defender. Y lo peor del caso es que muchos –no tan ignorantes–, les siguen el juego.
