Con el objetivo explícito de contener el gasto, la Cámara de Diputados ordenó reducir el uso de luminarias y la prohibición de hornos de microondas, refrigeradores y cafeteras en todas las oficinas del Palacio Legislativo. Con esto, la directiva de San Lázaro pretende ahorrar en electricidad.
Mediante una circular fechada el 12 de junio y dirigida a los titulares de 15 áreas administrativas y legislativas, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Secretaría General de la Cámara baja, ordenó la aplicación de un programa de ahorro de energía que incluye reducir al mínimo indispensable el uso de las luminarias en áreas comunes.
Lo más cuestionable de la decisión es dejar a cerca de cinco mil trabajadores del Palacio Legislativo sin posibilidad de poner café o calentar los alimentos que traen desde su casa, obligándolos a comer fuera, lo que implica una merma para sus ingresos. Se trata de un personal administrativo que suele laborar mucho más de ocho horas en los días de sesión.
Ésta es una más de las contradicciones en las que ha incurrido la Cuarta Transformación, pues no debe olvidarse que los propios legisladores exhortaron a dejar atrás la costumbre de comer en restaurante y llevar tuppers al espacio parlamentario.
Ahora quieren impedir que los trabajadores de la Cámara calienten el contenido de esos recipientes porque “hay que ahorrar”. Son los mismos que, antes, en el Congreso de la Ciudad de México, promovieron que sólo se pudiese vender cerveza al tiempo, dizque para reducir el consumo de alcohol.
En el gobierno federal incluso han ido más lejos, pues en el Conacyt se prohíbe que los trabajadores carguen sus teléfonos celulares en la oficina.
Pero eso que llaman austeridad es en realidad una tontería. Un desfiguro al que se ha llegado en aras de destinar el ahorro a programas sociales de corte clientelar, con los que el oficialismo pretende perpetuarse en el poder (de ahí a que lo logre, con la molestia ciudadana que está generando mediante decisiones de ese corte, está por verse).
Lo más irónico es que quien firma la mencionada circular, Juan Alberto Armendáriz Martínez, fue subsecretario de Ingresos en el gobierno del poblano Mario Marín, El góber precioso, y fue inhabilitado por la Contraloría estatal en 2016, por un lapso de 12 años, acusado de un daño patrimonial a las finanzas públicas por 81.7 millones de pesos, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Justicia Administrativa (nota de Rodolfo Ruiz, en El Popular, 17/IV/2019). Ahora reaparece como el Savonarola de la racionalidad y el ahorro, rehabilitado por la 4T.
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BUSCAPIÉS
*“Qué casualidad, es domingo”, dijo ayer el presidente López Obrador respecto de la fecha alterna en la que propone celebrar la votación sobre la revocación del mandato. Ahora quiere que sea el 21 de marzo, –natalicio de Benito Juárez–, en lugar del 4 de junio, fecha de las elecciones federales intermedias, cuando también se renovarán 13 gubernaturas y muchos otros cargos locales. El problema es que la oposición tampoco quiere que sea ese día. Aceptaría la revocación –me dijo ayer, en Imagen Radio, el líder de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri– siempre y cuando sea después del 1 de diciembre de 2021, cuando se hayan cumplido tres años del sexenio. Recuérdese que el oficialismo no tiene los votos suficientes para sacar adelante una reforma constitucional.
