Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador varias personas inculpadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido liberadas; en consecuencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó tales decisiones.
Ante esta situación, la CNDH insistió en que todos los procesos penales que ya se hayan iniciado se “fortalezcan probatoriamente” con el fin de que las nuevas consignaciones se lleven a cabo de manera más sólida y de una forma mejor estructurada.
Fue a través de un comunicado donde la Comisión exhortó a las autoridades federales a tomar las claves que se exponen y relacionan en la recomendación 15VG/2018 con el objetivo de hallar nuevas rutas que logren consignaciones efectivas; sin dejar de mencionar que esa recomendación, emitida en noviembre de 2018, no ha sido atendida ni cumplida.
“El riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales pudiera propiciar la liberación de los presuntos responsables, fue señalado por este organismo nacional desde julio de 2015 y ratificado en la recomendación que por violaciones graves a los derechos humanos se emitió en noviembre de 2018, por lo que es urgente que la actual Fiscalía General de la República actúe para subsanar tales situaciones, fortaleciendo, reencauzando o iniciando nuevos procesos penales, debidamente sustentados, que permitan reaprehender a quienes siendo responsables hubiesen sido liberados”, dicta la nota informativa.
Asimismo, la CNDH acotó que el “hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, en tanto se habrían obtenido de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que las autoridades cuentan, cuestión que debe ser señalada y defendida dentro de las causas judiciales”.
¿Será posible que el gobierno de AMLO atienda los señalamientos de la CNDH cuando solo la ha denostado públicamente?
