En uno más de los absurdos del Caso Iguala, este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la segunda parte de sus investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Según la CNDH, dos testigos de los hechos del 26 de septiembre de 2014 vieron a un par de policías federales y a un grupo de agentes municipales interceptar un autobús con normalistas, apedrearlo, y obligar a los estudiantes a descender del vehículo para después subirlos a las patrullas.
De acuerdo con la CNDH, la versión de su fuente –que el ombudsman Luis Raúl González Pérez calificó de confiable–, obligaría a la PGR a reabrir la investigación del caso y a considerar la nueva hipótesis.
Por eso insistimos, en uno más de los absurdos del caso Iguala, ahora la CNDH presenta su versión de los hechos.
Decimos que es un absurdo porque, mientras el expediente de la PGR se compone de 85 tomos, 13 anexos y más de 53 mil fojas; mientras que el expediente oficial incluye 674 dictámenes periciales, 135 muestras de ADN y 577 declaraciones ministeriales; el planteamiento de la Comisión de Derechos Humanos se basa en los dichos de dos anónimos.
Decimos que es absurdo porque mientras las investigaciones de la PGR condujeron a la autoridad al basurero de Cocula, donde se encontraron restos humanos que –según la Universidad de Innsbruck– pertenecen, al menos, a dos normalistas; la CNDH habla de un camión del que nadie había escuchado, de un altercado sin mayor evidencia y de una historia que se desconocía antes de hoy.
Decimos que es absurdo porque mientras la PGR expuso su mal llamada verdad histórica luego de semanas de la noche de Iguala, la CNDH se tomó casi año y medio en presentar los dichos de dos presuntos testigos.
Y decimos que es absurdo porque mientras la PGR expone sus conclusiones tan pronto cuenta con los elementos que corroboran sus hipótesis; la CNDH eligió un momento bastante peculiar para anunciar los resultados de su investigación: justo cuando el gobierno federal anunció que concluía su relación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acaso por eso, no sería descabellado pensar que la Comisión de Derechos Humanos tiene la intención de llenar el vacío que dejará el GIEI.
O si lo prefiere, que ante el desprestigio y el fracaso del grupo de la CIDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos –utilizada por los mismos que secuestraron al GIEI–, intentaría convertirse en la nueva “piedrita en el zapato” del gobierno federal.
Y es que, al final del día, se antoja evidente que las manos que tripulan el caso Iguala y que emplean esta tragedia para golpear la imagen y la credibilidad del gobierno federal tienen la intención de extender el escándalo hasta 2018 para, entonces, utilizarlo como un ariete electoral en contra del candidato tricolor.
Es así que no debería sorprender el momento que eligió la CNDH para exponer sus investigaciones –justo cuando el GIEI va de salida–, tampoco debería sorprender que la CNDH tenga su propia versión del quinto camión –como hizo el GIEI en un principio y después fueron exhibidos como grandes mentirosos–; y tampoco deberían sorprender las coincidencias entre la investigación de la CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de todo, como ya se dijo, todo indica que ambas instancias responden a los mismos intereses y persiguen los mismos fines.
Incluso, en entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Samuel González Ruiz –experto en temas de seguridad–, comentó que los trabajos del GIEI y los de la CNDH parecen caminar de forma paralela. Y que al igual que la versión de los peritos de la CIDH, la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta parcial e incompleta pues se limita a los comentarios de dos individuos que habrían estado en sólo uno de los muchos lugares en que ocurrieron los hechos de Iguala.
Por eso, una a una, las piezas se van acomodando y ponen a cada quien en su lugar. Por eso, todo indica que la CNDH tiene la intención de ocupar el espacio que dejará el GIEI. Por eso, parece que no existen dudas, atrás del caso Iguala existe una intención política, nada más.
Por cierto, González Ruiz también comentó que las declaraciones de Emilio Álvarez Icaza –quien dice que la CIDH será quien decida si el GIEI se queda en México o se va– exhiben la ignorancia del secretario general de la Comisión; ¿por qué? Porque las acciones de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se rigen por el derecho internacional y éste dicta que los Estados –como el mexicano–, son responsables de vigilar y garantizar su soberanía. O si lo prefiere, que corresponde al gobierno mexicano decidir si los expertos del GIEI se quedan o se van. A nadie más.
