En las décadas previas a la primera alternancia en el poder presidencial –entre los años 60 y 90 del sigo pasado–, una de las más severas críticas a los gobiernos del PRI era la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, al presidente en turno.
Legisladores de los partidos opositores de la época, el PAN, el PMT y el PSUM –los dos últimos antecedentes del PRD y de Morena–, apaleaban todos los días –desde las tribunas legislativas–, a los diputados y senadores del PRI con un argumento demoledor e incuestionable: “lacayos del presidente”, les gritaban a la menor provocación en las cámaras de diputados y senadores.
Y es que, en efecto, en aquellos años los legisladores federales del PRI eran obedientes corderos pastoreados por un líder que dictaba sin titubeo la línea que recibía de la casa presidencial. Y ay de aquel que rompiera el redil, porque era expulsado del rebaño.
Y el ejemplo “del sometimiento priísta” era “la roqueseñal”, que los izquierdistas repetían complacidos.
La llamada “división de poderes” era un sueño impensable. Es decir, los diputados y los senadores del PRI no tenían ideas propias porque no pensaban con cabeza propia; tenían prohibido pensar. Lo suyo era la obediencia a ciegas y sordas.
En los previos a la elección presidencial de julio pasado –y cuando era inminente la victoria de López Obrador–, el ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, se refirió al tema y dijo que uno de los mayores riesgos de un potencial gobierno de Obrador sería la debilidad de los poderes “frente al poder tirano”.
Así lo dijo, a la pregunta de si habría división de poderes en un eventual gobierno de AMLO: “Hay mucha cobardía también en los demás poderes (Legislativo y Judicial), hay mucho de conveniencia y acomodo… entonces, ¿van a resistir sus brutalidades, sus abusos, sus atropellos? ¿Quién sabe?”
Fernández de Cevallos sabía de lo que hablaba. Y, el mejor ejemplo, lo vimos hace pocas horas, cuando a la provocación de que los diputados pagarían la consulta del aeropuerto –propuesta por un gobierno aún no constituido–, los diputados de Morena se apresuraron a decir que sí.
Y, a pesar de que algunos legisladores de Morena como Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo intentaron un infructuoso “derecho de pataleo”, lo cierto es que confirmaron que “hay mucho de cobardía, de conveniencia y de acomodo”. Y sin chistar pagarán una encuesta que no es legal y que va contra el artículo 35 constitucional.
¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está la crítica de la llamada izquierda –de los legisladores de Morena–, “a la sumisión” del Legislativo al Ejecutivo; de los diputados a un presidente que aún no está en funciones?
¿Por qué ningún diputado de Morena se atreve a cuestionar la consulta inconstitucional que ordenó el presidente electo? ¿Ya olvidaron los diputados del partido rojo que juraron respetar y hacer respetar la constitución?
Queda claro que los diputados y los senadores de Morena son el nuevo PRI, sólo que recargado.
Al tiempo.
