Una de los hechos más relevantes de este jueves fue la toma de protesta de los nuevos jefes delegacionales del Distrito Federal.
Para cumplir con el acto protocolario, los 16 gobernantes locales acudieron a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y compartieron sus cartas de buenos deseos con los diputados capitalinos.
En más de una ocasión se escuchó que habrá continuidad en los proyectos, que se acabará con la impunidad y que blindarán las delegaciones al crimen organizado. Sin embargo, en ningún discurso se escuchó lo que muchos querían oír.
Y es que no hubo un solo jefe delegacional que exhibiera las raterías, los excesos y los malos manejos de los hombres y las mujeres que ocuparon los cargos antes que ellos.
Es decir, que nadie nunca señaló a los políticos rateros, a los políticos farsantes y a los políticos tramposos que dejaron las jefaturas delegacionales para seguir medrando en la misma ALDF, en el congreso federal o en otros espacios de poder.
Durante meses, en este espacios exhibimos las raterías de quienes fueron electos para gobernar una delegación y, en realidad, se sirvieron de esa demarcación. Y si quiere pruebas, van unas cuantas joyas:
El perredista Leonel Luna, ex delegado de la Álvaro Obregón –y ahora diputado local– fue denunciado penalmente por abastecer de agua a piperos que carecían de registro legal.
Al perredista Sergio Palacios de Azcapotzalco lo señalan por permitir la construcción de edificios en los barrios originarios de la delegación.
A la perredista Nora Arias de la Gustavo A. Madero la acusan de haber condicionado los apoyos sociales a cambio de afiliaciones al PRD.
Al perredista José Ballesteros de la Venustiano Carranza lo acusan de extorsionar a floricultores y a ambulantes que pretendían vender sus productos en el mercado de la Merced.
Al perredista de Coyoacán, Mauricio Toledo lo acusan de solicitar la friolera de 1.6 millones para no clausurar una construcción, de pedir 3 millones de pesos para retirar los sellos de clausura de una gasolinera, de desaparecer 60 millones de pesos que estaban etiquetados para la inversión en infraestructura y un largo etcétera.
A la perredista Elizabeth Mateos de Iztacalco la denunciaron por repartir despensas a cambio de afiliaciones al PRD y la exhibieron pidiendo el diezmo a sus trabajadores.
Al perredista Jesús Valencia, de Iztapalapa, un accidente automovilístico le costó el cargo pues salió a la luz un supuesta red de tráfico de influencias.
La ex delegada de Tlalpan, la perredista Maricela Contreras, se hizo fama de cerrar negocios para cobrar por su reapertura.
En la Miguel Hidalgo, el perredista Víctor Hugo Romo gastó millones de pesos para tapizar la ciudad con su rostro y lo acusaron de maquillar los gastos de la delegación.
En la de Magdalena Contreras, la perredista Leticia Quezada dejó la demarcación que gobernaba y se mudó a una “chocita en Polanco”. Además, se dice que Quezada dejó “encargado” el changarro a su cuñado, Arturo Medina.
En Xochimilco, el perredista Miguel Ángel Cámara pasó la charola a sus empleados. Pero él no cobró el diezmo, sólo les pidió el siete por ciento de sus ingresos.
En Tláhuac, la perredista Angelina Méndez, “rasuró” los sueldos de sus empleados y en su sitio web, la delegada presumí su simpatía con el proyecto de Morena.
En la Cuauhtémoc, el perredista Alejandro Fernández dejó que los ambulantes se apoderaran del Centro Histórico y también gustaba de clausurar establecimientos.
En Milpa Alta, el perredista Víctor Hugo Monterola, cuenta con denuncias por excesos en el uso de la fuerza.
El panista Jorge Romero, de la Benito Juárez, compró un departamento a precios bajísimos. Curiosamente, la empresa que le vendió la propiedad ganó varias licitaciones en la delegación.
Finalmente, el priista Adrián Ruvalcaba, de Cuajimalpa, habría solicitado un millón 800 mil pesos para agilizar los trámites para la apertura de un negocio en Plaza Lilas y durante la campaña participó en un enfrentamiento violento con el grupo de Los Claudios.
Todos, los 16, son una chulada de gobernantes, ¿a poco no?
