La propuesta del ganador de la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, de descentralizar las dependencias federales impactaría por lo menos a 400 mil personas y tendría un costo de 128 mil millones de pesos erogados a lo largo de su sexenio.
La dispersión de dependencias federales podría impactar a alrededor de 103 mil servidores públicos que trabajan en la Ciudad de México. Pero, si se considera que el promedio de personas por hogar es de 4, según el Inegi, el impacto alcanzaría a 416 mil, las cuales tendrían que mudarse a otra ciudad o acoplarse a la convivencia a distancia.
En la CDMX están asentadas 18 secretarías de Estado, la PGR y la Oficina de la Presidencia de la República.
Se trata de las secretarías de Agricultura, Economía, Salud, Turismo, Energía, Educación, Cultura, Comunicaciones, Trabajo, Función Pública, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social.
Además, también se tiene pensado dispersar a Pemex, la CFE, el SAT, Aduanas, Conagua, Diconsa, Fonatur, Conacyt, Nafinsa, Infonavit, IMSS, ISSSTE y la Comisión Nacional Forestal.
Además, a pesar de las “buenas intenciones” del tabasqueño de realizar la descentralización lo más pronto posible, el panorama luce muy distinto a lo que plantea.
El costo estimado será de 127 mil 830 millones de pesos erogados a lo largo de todo el sexenio. El costo anual se estima en 21 mil millones de pesos; su financiamiento sería preponderantemente público, pero se considera participación privada en obras e infraestructura.
La mudanza, según la propuesta, será ordenada y no afectará los derechos de los burócratas. Sin embargo, AMLO ya prepara el recorte de al menos 70 por ciento de funcionarios.
Sólo el primer año, en el arranque, el gasto total será público y ascenderá a 22 mil 805 millones de pesos debido a que se contemplan estudios de factibilidad, planes y proyectos ejecutivos.
Dos de las secretarías que iniciarán su traslado inmediato serán la de Educación Pública (SEP), a la capital de Puebla, y la de Energía (Sener), a Villahermosa, Tabasco, por lo que sus titulares, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle, ya quieren despachar ahí desde el 1 de diciembre.
De acuerdo con Reforma, y a pesar de sus 50 lineamientos contra la corrupción, el tabasqueño pretende financiar el programa en coparticipación con el sector privado a través de Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces (Fibras).
También se desembolsarán 80 millones de pesos en estudios de mercado inmobiliario, y otros 25 millones para gestionar autorizaciones a nivel local y federal.
El plan prevé también un gasto de 65 millones de pesos para crear entidades coordinadoras, promotoras y ejecutoras del programa, y otros 95 millones para una campaña de difusión.
Por último, se pagarán mil 400 millones de pesos por los planes maestros y proyectos ejecutivos de la primera fase. Todo esto en el primer año del sexenio.
