En dos semanas, desde su triunfo electoral del pasado primero de julio, Andrés Manuel ha anunciado una serie de cambios que transformará profundamente el sistema político construido en las últimas décadas, en algunos casos, en forma cosmética; en muchos otros, en forma radical.
En los hechos, lo que tendremos el próximo primero de diciembre es un gobierno altamente centralizado en torno al Presidente de la República, que concentrará en sus manos y en la de su estructura más cercana, un poder como no ha tenido ningún otro mandatario desde los años 70. Ese proceso se escenifica en cuatro movimientos centrales: el plan de austeridad, la descentralización de las secretarías, la designación de delegados federales únicos en cada entidad y la creación de una Secretaría de Seguridad Pública con poderes inéditos.
Los cuatro procesos están concatenados y se alimentan recíprocamente. Cada uno de ellos merece, por otra parte, un análisis pormenorizado, pero veamos primero el cuadro general. En el llamado plan de austeridad, nos encontramos con medidas de todo tipo, que van desde las administrativas hasta las de diseño de gobierno, acompañadas de otras que significarán ahorros, pero también controversia tanto en lo operacional como en lo laboral.
Nadie puede oponerse, por ejemplo, a que el Presidente se reduzca su salario, pero al hacerlo se reduce también significativamente el salario de toda la administración, no sólo la de alto nivel. Sin excepciones, será difícil que personal calificado acepte algún cargo realmente especializado. Existe además un altísimo porcentaje de personal no sindicalizado trabajando en distintas dependencias que, con los nuevos lineamientos, perderá el trabajo o verá reducido su ingreso. Ya son muchos los trabajadores que están hablando de que si concretan estas medidas comenzarán a pedir amparos colectivos.
En ese sentido, llama la atención el anuncio de que no sólo se reducirán las subsecretarías, sino que sólo habrá cinco asesores por secretaría y que nadie, salvo secretarios o en algunos casos subsecretarios tendrá acceso siquiera a una secretaria. Todo eso implicará, se anunció, el despido del 70 por ciento de los trabajadores de confianza.
Será sin duda, por lo menos, en términos presupuestales, un ahorro importante, pero el costo en eficiencia puede ser muy alto, habida cuenta de que en esos trabajadores de confianza es donde suele recaer el verdadero trabajo de fondo, no el burocrático, de las secretarías.
Ese proceso se acompaña de otro: la anunciada descentralización de secretarías de Estado. Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública, ya anunció que desde diciembre instalará esa dependencia en Puebla. El diseño de descentralización de secretarías se quiso implementar en el gobierno de Miguel de la Madrid, después de los sismos de 1985, pero luego del ensayo de la instalación del Inegi en Aguascalientes se desechó por las tensiones sociales y laborales que generaba, además de los evidentes costos económicos.
Por ejemplo, hoy la SEP (sin contar maestros) tiene 40 edificios y 17 mil trabajadores en la Ciudad de México. Suponiendo, incluso, que la mitad de la dependencia se fuera a Puebla, estamos hablando del traslado de ocho mil o nueve mil familias, sin contar con el equipamiento de, por lo menos, una docena de diferentes oficinas o su equivalente, con equipos, comunicaciones e infraestructura.
Pero, además, descentralizar así el gobierno resta eficiencia: puede haber áreas a descentralizar en todas las dependencias (incluso, algunas estratégicas, por ejemplo en Puebla, ciudad universitaria por excelencia, podría estar una subsecretaría de educación superior), pero el gobierno como tal, los secretarios y principales funcionarios, en todo el mundo, tienen una sede común. Por lo pronto, la toma de decisiones se concentrará en los pocos funcionarios que se quedarán junto al Presidente en la Ciudad de México.
Los secretarios que aterrizarán en los estados no llegarán solos. En la reunión de la Conago, el Presidente electo anunció que para reducir las delegaciones federales en los estados (hay entidades en las que existen 20 o 30 delegados en un solo estado), se designará a un delegado federal que llevará la coordinación de todo el gobierno federal.
En el papel suena muy bien, y será un ahorro importante, pero en términos políticos será muy complejo porque en los hechos esos delegados, ya designados, en su enorme mayoría son los dirigentes o excandidatos locales de Morena, y se transformarán en un gobierno paralelo: tendrán presupuestos muy altos, toda la interlocución con el Presidente, en muchos casos congresos locales de su propio partido y una capacidad de operación e interlocución sin contrapesos.
Pero falta otro engranaje que debe ser explicado con mucho mayor detenimiento: la nueva Secretaría de Seguridad Pública que se quedará no sólo con la seguridad cotidiana, policial, sino también con la seguridad nacional, la inteligencia, la prevención civil y muchas otras áreas, convirtiéndola en el ente central del gobierno, junto con Hacienda y, quizás, la cancillería.
