“¿Qué sucedería en caso y hablo absolutamente en un caso hipotético, en que se llegara a conocer de algún tipo de desvío, malversación u otro tipo de ilicitud por parte de un gobernador que accede inmediatamente al fuero a través de convertirse en senador de la República?”, pregunta el magistrado José Luis Vargas.
Es casi seguro que la respuesta a esa duda sea, como siempre, la impunidad, ya que por cinco votos contra dos, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la candidatura plurinominal al Senado de Miguel Ángel Mancera, por el PAN.
Y eso que entre los principales hartazgos de la sociedad mexicana están la corrupción y la impunidad. O sea que en la Ciudad de México no podrá suceder lo que pasó en Veracruz o en Quintana Roo, donde están en la cárcel los gobernadores, pero además se sienta el precedente para cualquier otro caso.
Y si la próxima gobernante de la ciudad encuentra graves irregularidades en la administración de Miguel Ángel Mancera, podrá denunciarlo públicamente, pero será casi imposible la actuación judicial, ya que el Senado es la instancia que se erige como jurado de sentencia para establecer si procede, o no, retirar el fuero a un funcionario.
El artículo 55, fracción quinta, párrafo tercero de la Constitución señala: “Para ser diputado se requiere, los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.
Y a ese respecto el magistrado José Luis Vargas señala que dicha prohibición es durante el período de su encargo, y Mancera fue electo del 5 del diciembre de 2012 al 4 de diciembre de 2018; es decir que, el día de hoy, sigue siendo el período para el cual fue electo.
Pero claro que esos y otros argumentos fueron inválidos en esta discusión, porque al parecer son más importantes los derechos de los militantes privilegiados de los partidos políticos –porque es esa casta divina la que llega a las candidaturas plurinominales–, que el hartazgo ciudadano.
Y aunque tiene razón, la magistrada Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior, en el sentido de que no les corresponde analizar “las cualidades de ninguno de los candidatos ni se analiza el valor curricular de sus capacidades ni aptitudes para ocupar un escaño”, además, del lado moral de la resolución, se dieron argumentos constitucionales.
Y si este caso era cuestionado desde el punto de vista moral, lo fue mucho más la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, plurinominal por Morena, por los 54 millones de dólares que, aseguran, adeuda del fideicomiso minero, que no tendrá que aclarar en seis años por el fuero que le concedieron.
A este respecto, el magistrado José Luis Vargas comenta sus compañeros que tenían la oportunidad de frenar conductas que afectan la credibilidad de la función pública, en un contexto en el que la sociedad está “sumamente molesta” con la impunidad y la corrupción.
Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes explica que el cargo de senador está reservado a los mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido una segunda nacionalidad, y que quienes los ejercen deben estar libres de sospecha de intereses ajenos al país.
Ojalá en el Tribunal Electoral escuchen el hartazgo ciudadano y tengan mayor sensibilidad al valorar este tipo de asuntos, que nos dejan con una sensación de vulnerabilidad y desesperanza.
