“El aroma inocultable de la guerra sucia”

Hace exactamente seis años, el 30 de enero de 2012, la Procuraduría General de la República dio a conocer que investigaba a los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, quienes habían ocupado el poder entre 1993 y 2010.

Al día siguiente, la noticia acaparó las primeras planas de todos los diarios. Posteriormente, se informó que los ex gobernadores eran investigados por delitos contra la salud.

Al respecto, el entonces líder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell acusó al gobierno del panista Felipe Calderón de utilizar a los instrumentos de justicia “con fines electorales”.

Era año de elecciones presidenciales, y el entonces precandidato del PRI, Enrique Peña Nieto, afirmó que la investigación en contra de sus correligionarios era señal de la “andanada” que el gobierno federal emprendería en su contra en el marco de la contienda.

Mientras que uno de los ex mandatarios tamaulipecos sujetos a investigación, Manuel Cavazos, afirmó: “Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral aparezca este tipo de información que tiene el aroma inocultable de la guerra sucia”. Y agregó: “pretenden empañar la imagen de varios priistas”.

Seis años después, y en retrospectiva, ¿se trataba de guerra sucia la investigación de la PGR en contra de Cavazos, Yarrington y Hernández? ¿Hubo un uso electoral del aparato de justicia, como acusaba el PRI?

La evidencia indica que sí: la investigación contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas inició desde 2009 a raíz de la detención de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador del cártel de Los Zetas. Pero el oficio para que la SCT informara sobre los movimientos de los políticos no fue girado sino hasta el 25 de enero de 2012; casualmente –en política no hay casualidades– una semana antes de la fecha planeada para que el precandidato del PRI, Enrique Peña Nieto, visitara Tamaulipas para reunirse con liderazgos de la entidad, entre ellos Cavazos, Yarrington y Hernández.

La información fue filtrada a los medios tres días antes de la visita de Peña a la entidad.

Pero, ¿había elementos para investigar a Cavazos, Yarrington y Hernández? A “toro pasado”, la evidencia demuestra que al menos en dos casos, sí; al grado que Yarrington y Hernández fueron aprehendidos, no durante el sexenio panista de Felipe Calderón, sino en el del priista de Enrique Peña Nieto.

¿La moraleja? En los casos de Yarrington y Hernández, una cosa no quitó la otra: el manejo de la investigación por parte de la PGR sí tenía “el aroma inocultable de la guerra sucia”. Pero en efecto, los ex mandatarios resultaron tener vínculos con el narco.

El antecedente viene a cuento porque una vez más, en la antesala de una contienda presidencial, se lanzan acusaciones con “el aroma inocultable de la guerra sucia”: la investigación de la Fiscalía de Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones por presunto desvío de recursos; la supuesta represalia financiera contra el gobierno de Corral; las acusaciones de tortura a Gutiérrez; o el contraataque del PRI, que acusó al líder del PAN, Damián Zepeda, de desviar recursos para su campaña en Sonora.

¿En cuántas de estas acusaciones hay “guerra sucia”? ¿En cuántas hay delitos que perseguir? ¿En cuántas “una cosa no quita la otra”?

Lo cierto es que el uso político de fiscalías y procuradurías por parte de gobernadores y presidentes es reprochable. La justicia no debe responder a los tiempos electorales.