¿El CIRT defiende la libertad de expresión o sus intereses?

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) decidió impugnar la decisión de la autoridad electoral de prohibir los debates entre los aspirantes presidenciales durante la intercampaña -que termina el 29 de marzo-, con el argumento de que esta es una medida “censora” que viola la libertad de expresión. 

“El Instituto Nacional electoral (INE) no tiene facultades para restringir tales encuentros”, acusa la CIRT. 

Por su parte, el INE celebró la existencia de esta impugnación para que así el Tribunal Electoral defina las reglas y, en dado caso, dé su refrendo a este acuerdo o de lo contrario otorgue luz verde a una temporada de debates antes de que inicien oficialmente las campañas.

A pesar de la apertura que mostró el instituto electoral al respecto, es importante señalar que el periodo de intercampaña fue creado con la finalidad de favorecer a la democracia al restringir que los candidatos llamen al voto y se enfrenten con ello ante disparidad de condiciones. 

En eventuales debates anticipados, los aspirantes no estarían exentos de pedir el voto de la ciudadanía, ni de exponer sus propuestas, por lo que en ese momento violarían la ley electoral. Sin embargo, este no es un factor que vislumbre la CIRT, institución que busca subir a los contrincantes al ring y obtener ganancias económicas con las transmisiones.