La multa a Morena de 197 millones de pesos, por el fideicomiso creado para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre, con recursos que, según el instituto electoral, se canalizaron a tareas proselitistas, tiene el mismo origen que la que se aplicó en el año 2000 a Amigos de Fox y en 2012 al PRI, por las tarjetas de ayuda. Sólo se diferencia del Pemexgate del 2000, en que el tricolor perdió aquella elección y en que buena parte del dinero se la terminó llevando un operador del PRI que acabó meses después en el PRD.
No hay sorpresa. Desde que se informó que se formaba el fideicomiso y que serviría para apoyar a damnificados de Morena, porque en los hechos así se planteó y operó, se advirtió que ésa era en realidad una actividad proselitista para la campaña. Era demasiado evidente. No sé de qué se asombran o por qué se habla de vil venganza, sobre todo, de un organismo que nunca molestó ni con el pétalo de una rosa a Morena, incluso cuando, aprovechando huecos legales, hubo actos anticipados de campaña durante meses.
En Morena tendrían que comprender que la indulgencia que tuvieron durante meses desaparecerá en la misma medida en que se conviertan en gobierno (algo similar le ocurrió en su momento a Fox), y por ende, no pueden seguir actuando como una fuerza política en campaña y López Obrador como un candidato, cuando ya es un virtual Presidente electo. Y finalmente, que el tema del fideicomiso es como una tierra movediza, de esas en las que quienes terminan atrapados en ella cuanto más se mueven, más se hunden. Para Fox, lo importante era ser Presidente, no lo que pasó con la multa a su asociación de amigos.
Otro tema que no es menor y en el que han insistido demasiado, cuando aún les faltan cuatro meses para acceder al poder (hay que insistir en eso: Cuatro largos meses para asumir el gobierno), es el de la legalización de las drogas, en particular, de la mariguana y la amapola, que ya han provocado la reacción, también anticipada, del gobierno de Estados Unidos. No es una mala propuesta: Debe analizarse, sobre todo desde el ámbito de la salud pública y luego de la seguridad y gobernación, pero es adelantar demasiado los tiempos en algo que resulta singularmente complejo y que no puede ser definido unilateralmente, sobre todo, en el caso de la amapola, cuando existe una epidemia de consumo de opiáceos en la Unión Americana. Con un agravante, una cosa es que se hable de legalizar cultivos y liberar a campesinos detenidos, y otra de legalizar drogas. Se confunden términos por dar impactos de campaña y se pierde eficiencia en términos de gobierno. A nadie le gustan los grises, pero gobernar es transitar por los matices.
No es diferente con la utilización del concepto amnistía. No hay tal, no puede haberla en el terreno de la delincuencia. Cuando uno analiza las palabras de Olga Sánchez Cordero, pareciera ser que se está hablando de un plan de preliberaciones y liberaciones para personas que hayan cometido ciertos delitos menores, pero al denominarla amnistía, la noción es tan amplia que nadie sabe de qué se trata, porque se habla hasta de liberar mujeres que cometieron delitos “por amor” (¿qué quiere decir eso?: Si una mujer mató a alguien o trabajó en un secuestro porque se lo pidió su amante ¿debe ser dejada en libertad aunque haya sido un delito grave?).
Es lo mismo que en las drogas, en el despido de personal de confianza o el movimiento de secretarías: Los lemas de campaña no tienen porqué cumplirse y se utilizan para conseguir votos, pero cuando se es gobierno, lo que se debe garantizar para todos, desde las personas hasta los mercados, pasando por las relaciones internacionales, es certidumbre y confianza. Y ni una ni la otra se logran actuando en el gobierno como si se estuviera en campaña, mucho menos cuando todavía les faltan cuatro meses para alcanzar el poder.
No tiene sentido comenzar a librar batallas ahora cuando faltan muchas semanas para comenzar a gobernar. Con la cautela con la que se ha actuado en el terreno financiero y económico, se debería actuar en otros ámbitos, como la seguridad, la aplicación de la ley y la administración pública.
Eso trasciende, incluso, al tema de los nombramientos: Tiene sentido saber quiénes ocuparán los principales cargos en la administración pública, pero es insensato, con tanto tiempo de anticipación, comenzar a nombrar hasta jefes de departamento. El otro día, en las oficinas de López Obrador, hubo movilización y protestas de un grupo de gente ligada al cine porque se anunció que la próxima directora de Imcine será María Novaro. No tengo idea de si la guionista es o no la persona idónea para ese puesto, pero qué necesidad existe de “designarla” cuatro meses antes, provocar reacciones y diferencias entre los propios morenistas, y por ende, desgastar hasta en algo tan poco trascendente a un gobierno que aún no es tal. Si no se comprende que una campaña, aunque haya durado 18 años, y gobernar no son lo mismo, se estarán enredando con palabras y lemas.
