El gran absurdo de la “nueva” ley 3 de 3

Como es sabido, el miércoles pasado el Senado de la República aprobó una versión “descafeinada” de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3. Originalmente, el proyecto solicitaba a los funcionarios públicos transparentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. No obstante, la versión aprobada establece que las declaraciones no serán obligatorias para los funcionarios públicos pero sí tendrán que hacerlas las personas morales que provean algún producto o servicio al gobierno.

Es decir que todos los dueños y empleados de las compañías que vendan, que aporten o que reciban dinero público deberán hacer públicas sus tres declaraciones.

¿Se imagina el tamaño de este absurdo? En México, prácticamente todas las compañías relevantes tienen alguna relación con el gobierno: ya como proveedores, ya como colaboradores, ya como guste y mande. Por esta razón, en La Otra Opinión nos atrevemos a especular, ¿quiénes tendrán la obligación de hacer público el 3 de 3? O más fácil, ¿quiénes no tendrán que exhibir sus propiedades? Al botepronto, el 3 de 3 deberá ser una práctica común en…

  1. Las empresas automotrices que proveen al gobierno de vehículos.
  2. Los restauranteros que en jornadas largas surten de comida a los funcionarios públicos.
  3. Los medios de comunicación que difunden la publicidad oficial.
  4. Los “community managers” y asesores de imagen que –por debajo del agua– generan ejércitos de bots para apoyar a los candidatos a cargos públicos.
  5. Los hoteles del mundo que hospedan a la clase política.
  6. Las aerolíneas, que traen y llevan al presidente, a los legisladores, gobernadores, alcaldes, etc.
  7. Las empresas refresqueras y de comida chatarra que surten las máquinas expendedoras que encontramos en las oficinas de gobierno.
  8. Las farmacéuticas que se encargan de proveer de medicamento a todos los funcionarios que no gozan de buena salud y que además surten de medicamento a instituciones médicas gubernamentales.
  9. Los hospitales y aseguradoras que “cuidan” de los políticos.
  10. Las “compañías de edecanes” que la clase política contrata para embellecer sus eventos.
  11. Las papelerías que surten de hojas bond, plumas y lápices a todas las oficinas públicas.
  12. Las mueblerías que hacen el mobiliario de los recintos como la Cámara de Diputados y Senadores.
  13. Las constructoras responsables de TODA la obra pública.
  14. Las editoriales que se encargan de editar –y muchas veces de escribir– los libros de las instituciones públicas.
  15. Las empresas en donde se contratan a los meseros para que auxilien a los funcionarios en los banquetes y fiestas que se hacen en su honor.
  16. Los proveedores de tecnología, como celulares, tabletas electrónicas y computadoras.
  17. Las compañías telefónicas que permiten la comunicación de los funcionarios.
  18. Los sitios de internet en donde vemos toda la publicidad del gobierno.
  19. Las escuelas a donde mandan a estudiar a los servidores públicos que no terminaron la primaria.
  20. Los “think tanks” y consultoras que asesoran a los servidores públicos.
  21. ¡Y claro! Toda la industria –de millones de pesos– de las campañas electorales; desde los que hacen gorras y playeras hasta los que montan templetes y arman grandes espectáculos.

Es decir, que al paso que vamos… los únicos que librarían el 3 de 3 son los vendedores ambulantes… ¡ver para creer!