Ahora resulta que, según el presidente del INE, la facultad de pensar está emparentado con un delito electoral. Es decir, si alguien llama a los votantes a “pensar su voto”, podría incurrir en una falta.
Todos saben que el pensamiento es una facultad inherente al ser humano; facultad que hace diferentes a los humanos del resto de los seres vivos.
Por eso nadie, en su sano juicio, puede cuestionar, impedir y menos sancionar una facultad natural como la de pensar. Sin embargo, cuando un grupo de empresarios mexicanos promueven mensajes en los que llaman a “pensar el voto”, Lorenzo Córdova los reprende.
Y es que el presidente del INE comete una de las peores barbaridades de un servidor público; la de suponer que el pensamiento es igual a la libertad de expresión.
Una barbaridad como la cometida por Ernesto Zedillo el 12 de febrero de 1997 cuando –el entonces presidente–, dijo: “Afortunadamente en nuestro país, en nuestro querido país hay libertad para que cada ciudadano piense, dentro del marco de la ley, como le dé la gana”.
Nadie –sea Zedillo o sea el presidente del INE–, puede exigir que un ciudadano piense dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque no hay ley capaz de exigir reglamentar, prohibir o sancionar el pensamiento.
Dice Salvador Ochoa Olvera en “Derecho de Prensa” –Editorial Monte Alto, pág. 4– “El pensamiento, en abstracto, no tiene esfera de aplicación jurídica… No es lo mismo la represión a manifestar ideas, conceptos, críticas u opiniones al mundo exterior, que la vulneración del ejercicio mental de concebir ideas”.
Pero también es cierto que el pensamiento y la libertad de expresión son indisolubles; el primero –el pensamiento–, no existe sin la segunda, la libertad de expresar lo que se piensa.
Y vale el tema porque sean árbitros electorales, candidatos y líderes de partidos, todos se escandalizan por la campaña de “voto razonado” –empujada por empresarios preocupados por un potencial viraje populista–; como si fuera un pecado pensar el voto; razonar la decisión de contratar a un nuevo presidente.
Lo cierto es que –les guste o no a los árbitros electorales, a la “legión de idiotas” de redes y digitales, a candidatos y líderes de partidos–, los empresarios no sólo tienen el derecho sino la obligación –igual que todos los ciudadanos y potenciales electores–, de llamar “a pensar el voto”, a ejercitar la razón, antes que el corazón, al momento de votar.
Y es que sólo la sociedad civil, los ciudadanos –los organizados y los de a pie–, le pueden dar el verdadero valor ciudadano al voto –el voto de la razón–, frente al engaño, el chantaje, la mentira y las promesas sin freno de candidatos y partidos.
Sólo el voto razonado puede despojar del fanatismo al acto supremo de la democracia; la elección. Sólo si se piensa el voto los ciudadanos podrán dar a partidos y políticos la lección que se merecen.
¡Curioso que el árbitro electoral crea que es pecado pensar el voto!
Al tiempo.
