El 16 de julio de 2002, por decreto de Andrés Manuel López Obrador, el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal se leía así:
“Se le impondrán de cinco a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema realice actos contra las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del distrito federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
El 27 de diciembre 2012, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el mismo artículo para favorecer la liberación de los detenidos en las marchas del 1 de diciembre del mismo año. Entonces, el artículo 362 decía:
“Se impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia realicen actos contra las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará (sic) a lo que establezca este código.”
Y hace días, la bancada de Morena en la ALDF presentó una iniciativa de ley de amnistía que busca la derogación del Artículo 362.
¿De qué se trata?
En entrevista para La Otra Opinión, el presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, adelantó que la bancada de su partido ya presentó una iniciativa para regresar el artículo 362 a su redacción original. Es decir, que buscan una sanción de cinco a 30 años para quienes cometan actos vandálicos durante las protestas. Es decir…
Primero, que los priistas estarían por tejer una alianza con el resto de los partidos –como el PAN y el PRD–, para frenar el proyecto de Morena.
Y segundo –acaso más importante–, que el tricolor de ahora apoya e impulsa la ley que López Obrador decretó en 2002.
Hoy, el PRI hace el trabajo de AMLO.
