Las irregularidades y falta de rigor en los procesos judiciales en México han dado para llenar muchas primeras planas de los diarios de circulación nacional. El “fail” más reciente: el de la exdirigente sindical magisterial, Elba Esther Gordillo.
Gordillo, quien estaba bajo arresto domiciliario en su penthousue de Polanco, fue absuelta y puesta en libertad la madrugada de este miércoles 8 de agosto luego de enfrentar un proceso judicial con irregularidades y violaciones al debido proceso durante los últimos cinco años. Se le acusó de lavado de dinero y evasión fiscal.
Otro caso que escandalizó a México (y también a Francia) fue el encarcelamiento de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue apresada en 2005 por el delito de secuestro tras un montaje televisivo orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Televisa.
Cassez fue víctima de violaciones básicas a sus derechos, como la privación al contacto consular y otras violaciones al debido proceso, motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por ordenar su libertad ocho años después, en 2013.
Pero esa no fue la primera vez que la AFI, en el gobierno de Felipe Calderón, abusó de personas cuya lengua materna es el español. El caso de las comerciantes indígenas hñähñú, Teresa, Alberta y Jacinta también causó gran indignación.
Las tres mujeres, que vendían muñecas de trapo, verduras y aguas frescas en un tianguis e Querétaro, fueron detenidas y acusadas de haber secuestrado a dos agentes de la AFI, quienes meses antes habían sido retenidos por los locatarios por destruir su mercancía en un supuesto operativo antipiratería en el que hicieron uso excesivo de la fuerza.
Para 2010 y con la ayuda de Amnistía Internacional, las tres indígenas fueron puestas en libertad tras demostrar que en el juicio se presentaron pruebas fabricadas y testimonios falsos.
En 2011 interpusieron una demanda contra la Procuraduría General de la República por daños, y después de seis años de resistencia, la PGR pidió perdón a las víctimas y les pagó una indemnización de 20 mil días de salario mínimo.
Estos y otros ejemplos de fracasos en la procuración de justicia han causado vergüenza e indignación a la opinión pública, sentimientos que provocan una gran desconfianza en las autoridades, las cuales deberían ser un ejemplo de legalidad.
