Es raro que un gobernador –del partido político que sea– salga del cargo sin que alguien lo señale de corrupto. Lo mismo aplica para su círculo cercano de colaboradores. En días pasados, Animal Político dio a conocer –en un reportaje–, que el gobierno de Javier Duarte habría desaparecido 645 millones de pesos.
El medio informó que funcionarios cercanos a Duarte “entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino”.
Y ahora, además de las acusaciones contra Javier Duarte, ya se cuece un verdadero escándalo en torno a Roberto Borge, el gobernador saliente de Quintana Roo.
Este miércoles, Grupo Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dieron a conocer un reportaje en el que exponen “el saqueo de bienes que se ha institucionalizado en Quintana Roo”.
Los reporteros Mariel Ibarra y Silber Meza documentan “la historia de una maquinaria institucional compuesta por funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Roberto Borge que arrebata el patrimonio de empresas y particulares”.
A grandes rasgos, esta red de funcionarios públicos manejaría un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos. El objetivo del saqueo orquestado desde el Estado sería quedarse con las propiedades o venderlas a la mitad de su valor.
Para salirse con la suya, estos pillos echarían a andar juicios laborales falsos o amañados –por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje o notarios coludidos–; así como algunas compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad.
Dirán los ingenuos que el gobernador de Quintana Roo no está enterado de la situación. Dirán, también, que el señor Borge no leyó los desplegados en los periódicos locales. Dirán, incluso, que “Beto” Borge tampoco se enteró de las notas publicadas en medios nacionales.
¿Pero alguien les creería?
Cabe señalar que esta red quedó al descubierto luego que el gobernador Borge impulsó un “paquete de impunidad” desde el congreso del estado. Y si Roberto Borge no quiere aparecer como cómplice de esta red de pillos, la pregunta obligada sería, ¿por qué no actúa? ¿acaso protege a sus empleados? ¿a quién favorece? ¿cuál será el destino de Roberto Borge? ¿acaso terminará tras las rejas como Andrés Granier o Mario Villanueva? ¿o saldrá bien librado como Humberto Moreira?
