Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que buscan imputar a la exfuncionaria federal, Rosario Robles, por diversas omisiones, que trajeron como consecuencia, el presunto desvió de cinco mil 73 millones de pesos, en el caso llamado la “Estafa Maestra”.
Asimismo, la FGR acusó a Robles por el ejercicio indebido del servicio público, con base en el artículo 241 del Código Penal Federal, en donde se advierte su omisión por no informar a su superior jerárquico —Enrique Peña Nieto— sobre tales irregularidades, que se cometieron durante su gestión tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En punto, la Fiscalía sospecha que a Robles Berlanga sí se le informó, en varias ocasiones, sobre estas supuestas irregularidades, incluso dos antiguos funcionarios, de las dependencias antes mencionadas, José Antolino Orozco y María del Carmén Gutiérrez, le advirtieron, tanto de manera personal como escrita, desde 2014 hasta 2018.
“No administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, detalló el agente del Ministerio Público, durante la audiencia de este día.
