La madrugada del domingo, la Policía Federal arrestó al cantante Gerardo Ortíz. Tras la detención, el artista pasó poco menos de 12 horas en el reclusorio preventivo de Puente Grande. De hecho, Ortiz recuperó su libertad luego de pagar una fianza de 50 mil pesos.
Como seguramente sabe, Ortíz fue acusado de haber cometido apología del delito con la grabación de su vídeo Fuiste Mía. En la grabación se recrea el asesinato de un hombre a tiros, mientras que una mujer encajuelada pierde la vida en un auto que es incendiado.
Y aunque muchos se dijeron sorprendidos con la detención, según parece, el caso de Gerardo Ortíz sería un “castigo ejemplar”. Es decir, que el cantante de narcocorridos podría ser un chivo expiatorio que sirvió para enviar un mensaje a quienes promueven la violencia en sus vídeos, en sus canciones o en otros proyectos de entretenimiento.
O si lo prefiere, que igual que Gerardo Ortíz, cualquier otro cantante del género –que se distingue por ensalzar a los criminales– podría haber sido perseguido y acusado. Lo importante, al parecer, era demostrar con el ejemplo que el Estado mexicano no tolerará los vídeos, las canciones y demás “manifestaciones artísticas” que hacen apología del delito.
Acaso por eso, el Estado actuó contra Gerardo Ortiz con todo y que la “promoción” de la violencia en contenidos de entretenimiento no es un delito grave. Es decir, que con una fianza absurda –como la que pagó Ortiz–, el cantante recuperaría su libertad pero quedaría expuesto –a la vista de todos–, el mensaje de cero tolerancia a quienes hacen apología de los criminales.
