Durante las manifestaciones en contra de los 3 estudiantes de cine asesinados en Tonalá Jalisco, uno de los reclamos más fuertes –además de la petición del esclarecimiento– fue que en este caso intervenga un”grupo de expertos independientes” para acompañar la investigación de las autoridades.
Pero, ¿qué tan conveniente sería? ¿A qué contribuiría este “grupo de expertos” en un caso donde ya se fincaron responsabilidades?
En principio, podría pensarse que el acompañamiento de expertos independientes daría certeza a las investigaciones.
Sin embargo, vale la pena recordar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde intervino el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su momento no hizo más que desacreditar la “verdad histórica” dada a conocer por la Procuraduría General de la República.
Este 26 de abril, Carlos Marín –en su columna de Milenio– destaca que se está configurando de nuevo la versión de un “crimen de estado”, por las mismas organizaciones que hicieron lo propio en el caso Ayotzinapa. Que en primer lugar piden la renuncia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
A pesar de las inconsistencias del trabajo realizado por el GIEI en el caso de los 43 normalistas, surgen las exigencias en el caso de los tres estudiantes para implementar un mecanismo similar en el caso Tonalá.
A pesar de que una sólida línea de investigación apunta a la relación las tía de uno de los estudiantes fallecidos con el crimen organizado, se busca forzosamente inculpar al Estado.
“Los mismos de siempre, pues, los que dicen trabajar por las víctimas, pero a quienes no parece importarles que se procure y se imparta justicia”, son quienes impulsan la versión del “crimen de Estado”, de acuerdo con el columnista de Milenio.
No importa si los deudos sufren más con el fallecimiento de estos jóvenes, sino lo que importa es sacar raja política de este hecho tan lamentable.
