La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reporta que desde el 1 de diciembre hasta el 9 de enero ha recibido 52 quejas por supuestos despidos injustificados de burócratas. Esto a raíz de la llegada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De estas 52 quejas, 47 son de empleados despedidos del Servicio de Administración Tributaría (SAT), dos provienen de la Secretaría de Gobernación (Segob), dos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y uno de Liconsa.
Uno de los quejosos es, Óscar Ernie Orozco Perea, aún director General Adjunto B de la Sedatu y quien informó que el 19 de diciembre del año pasado, Miguel Ángel Cancino Aguilar se presentó a su oficina como nuevo titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y le solicitó su renuncia, pero le anunció que ésta sería sin liquidación.
En este sentido Orozco denuncia que Cancino Aguilar puede estar en duplicidad de funciones ya que en la fecha en la que solicitó su renuncia, aún estaba como titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.
Pero en este caso la dependencia no ha dado su posición al respecto, además de que como en este caso, los demás casos son similares.
