Aunque algunos insistan en negarlo, los grupos del crimen organizado siguen en Guerrero y la violencia se mantiene en Acapulco. No son pocas las denuncias de empresarios del puerto que aseguran que viven acosados por los criminales que siguen cobrando derecho de piso.
Según se sabe que en la entidad hay dos gobiernos: el de los “buenos” y el de “los malos”. Y es que los empresarios de Acapulco tienen que hacer un “doble gasto”. Por un lado, los hombres y mujeres del negocio tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado. Por el otro lado deben destinar parte de sus ingresos a pagar los impuestos correspondientes al Gobierno. Ya sean restauranteros, hoteleros, dueños de centros nocturnos, de servicios turísticos o pequeños comerciantes, todos tienen que pagar doble.
Sin embargo, los empresarios acapulqueños parecen cansados de esta “doble ventanilla”. En consecuencia, piden que las autoridades los exente del pago de impuestos.
Los empresarios acapulqueños ya no piden seguridad –porque quedó claro que las instituciones ya se vieron rebasadas por el crimen organizado–; lo que piden es no pagar impuestos para poder pagar el derecho de piso que les exigen los criminales. Y es que, si dejan de pagar impuestos, seguramente serán amonestados y deberán pagar una multa. Pero si no cubren el derecho de piso, sus negocios serán incendiados, los comerciantes secuestrados e incluso asesinados.
A pesar de que los comerciantes siguen pagando sus impuestos, nadie sabe dónde están los recursos destinados a la seguridad, nadie entiende por qué siguen habiendo asesinatos, robos y secuestros. Por eso exhortan a la autoridad para que deje de cobrar tributos.
Durante varios años –de forma consecutiva– Acapulco ha sido catalogada como la ciudad más peligrosa del México. Incluso algunos países pidieron a sus ciudadanos evitar vacacionar en la entidad. Por eso los acapulqueños ya no quieren pagar impuestos.
Por definición, cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, pierde sentido su existencia. Por eso, aunque suene descocado, aunque suene aleado de la realidad, el escenario en Acapulco es tan desolador que suena lógico el llamado a dejar de pagar impuestos para cumplir con las cuotas del crimen organizado.
Por lo pronto, en otro intento para salvar su patrimonio, la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera de Acapulco hizo un llamado al gobierno federal, estatal y municipal para que los ayuden pues los grupos delictivos piden, a cada negocio, entre 15 y 20 mil pesos al mes de cuota.
Por eso no sorprende, que alrededor de 200 negocios de la Asociación de Comerciantes de la Costera han tenido que cerrar y mil 200 personas se han quedado sin empleo.
Por eso tampoco sorprende que Laura Caballero Domínguez –presidenta de esta Asociación de Comerciantes– invite a las 50 bandas delincuenciales que hay en Guerrero hacer un pacto para determinar en qué zonas van a seguir cobrando derecho de piso y así no “pagar doble”.
Por eso no sorprende que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció que la violencia “no se va a resolver ni en tres ni en cuatro meses”.
Y es que, más allá del cobro de piso a los comerciantes de Acapulco, la violencia en Guerrero ha desatado hechos como la desaparición de 43 estudiantes normalistas, la colusión del crimen con políticas, la creación de autodefensas, el hallazgo de fosas clandestinas y un largo etcétera. Así los empresarios y los ciudadanos de Acapulco han quedado sumisos ante los gobiernos de “los buenos” y de “los malos”.
