Historia del fuero, de su perversión, y de si conviene eliminarlo

¿Está el país preparado para descobijar a los legisladores?

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos avalar en lo general las reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, quienes podrán ser sujetos a juicio político, incluyendo al Presidente de la República.

El dictamen, que surgió de 32 iniciativas presentadas por diputados federales, congresos locales y ciudadanos, fue turnado al Senado para su debido análisis.

Legisladores del PRI, PAN, PRD, Panal, Morena, Movimiento Ciudadano y PES celebraron de manera casi inmediata la eliminación de dicho instrumento legal como si fuera la panacea constitucional.

Aprovechando la coyuntura electoral que vive nuestro país, incluso los tres candidatos presidenciales que pelean en las encuestas, se adjudicaron la “paternidad” de dicha propuesta de legislación, sin ver el verdadero fondo de lo que senadores podrían aprobar.

Desgarrándose las vestiduras, muchos actores políticos aseguran que la causa de todos los problemas de impunidad y corrupción de México es el fuero. Pero, no mencionan para qué y por qué surgió dicho argumento legal en pro de los funcionarios públicos y como el mismo fue pervertido a conveniencia de ellos.

¿Por qué existe el fuero y cuál es su historia?

Antes de que la palabra fuero se convirtiera en una de las más detestables en la actualidad, es importante mencionar que el mismo se dio gracias a la valentía de don Belisario Domínguez y su cruento asesinato.

En 1913, Victoriano Huerta se encontraba en el poder tras haber traicionado a Francisco I. Madero, por lo que fue conocido como El Usurpador. Domínguez fue uno de los grandes detractores del gobierno golpista de Huerta.

Como senador, Belisario Domínguez pronunció ante el Congreso dos discursos en los que llamó a Huerta “tirano y asesino”. Una semana después, fue aprehendido por subordinados del entonces presidente, quienes lo asesinaron en Coyoacán.

Se dice que a Domínguez, incluso le fue cortada la lengua y fue enviada a El Usurpador como “trofeo”. De ese terrible acto surgió la motivación para incluir en la ley la figura del fuero constitucional.

Para evitar la persecución política y proteger la libertad de expresión, en 1917 se estableció en la Constitución –artículo 61º– que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

En la actualidad, el país cuenta con instituciones más sólidas y lejano está el caudillismo en el que las figuras más poderosas podían asesinar a sus opositores a diestra y siniestra sin tener que enfrentar la justicia. Por lo que la figura del fuero en el marco legal, es el mismo, pero los funcionarios públicos –muchos– lo han hecho suyo y a su manera.

En estos tiempos es sinónimo de escudo para que los funcionarios cometan todo tipo de fechorías sin ley que los juzgue y los sancione.

Por lo que vale la pena reflexionar sobre la eliminación del fuero y su uso, las propuestas y apartados, mismos que deberían ser explicados a la ciudadanía sin banderas políticas.

¿Está el país preparado para descobijar a los legisladores?

La eliminación del fuero se ha convertido en tema político-electoral y, peor, han tergiversado su objetivo.

La inmunidad sirve para proteger el quórum, para que no se obstaculice el funcionamiento del órgano legislativo por parte de un gobernante. La eliminación de dicho instrumento legal implicaría que los legisladores no estén sujetos a declaración de procedencia, de tal forma que si enfrentan proceso puedan hacerlo desde sus curules.

La reforma impactaría de manera negativa en la gobernabilidad. Eliminar la declaración de procedencia, haría que volviéramos al problema de origen: que se pudieran usar los procedimientos penales para violentar la autonomía del órgano legislativo.

Otro problema que tienen las propuestas a discusión es definir que la inviolabilidad protege a los legisladores a cada momento y no solo dentro del Pleno o comisiones como debería entenderse. Esta disposición, que va a contracorriente con las interpretaciones y acotaciones a nivel internacional, significaría un verdadero estado de excepción.

Valdría la pena entonces, dirigir la mirada y límites del fuero constitucional que permitan que la inmunidad no sea objeto de abuso sin eliminar de tajo el aparato legal para protección de los funcionarios, sino más bien restringir bajo la legalidad dicho instrumento.