El 24 de enero de 2013, luego que por razones políticas la Suprema Corte regaló la libertad a la secuestradora Florence Cassez, aquí dijimos que el máximo tribunal había montado un grosero circo que confirmó que sus ministros se prestaron a una farsa.
Lo cierto, insistimos, “es que gracias a la Corte y a sus ministros, en casos como el de la secuestradora francesa, la justicia tiene precio y responde a intereses políticos y diplomáticos..” Y preguntamos: “¿Y quién vela por la justicia y por los derechos humanos de las víctimas de secuestro? ¿Será que la Corte y sus ministros son una amenaza para los ciudadanos?”. Y concluimos: “Gracias a la farsa Cassez, pronto estarán libres muchos criminales y secuestradores”.
Y, en efecto, luego de la farsa Cassez, secuestradores y criminales han seguido ese camino. Pero el tiempo y estudios posteriores del casos, parecen confirmar que, en efecto, la Corte y sus ministros son un peligro ciudadano. ¿Por qué?
Porque según el ensayo del maestro en derecho, Ponciano Hernández Ruiz –de la Facultad de Derecho de la UANL–, en el caso Florence Cassez, la sentencia de los ministros, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, “es parcial, desconsiderada con la evidencia, antijurídica en algunas de sus expresiones, desapegada al principio constitucional de justicia, lesiva y humillante para las víctimas del delito, así como ofensiva para una sociedad lastimada por la delincuencia y que reclama justicia”.
Por eso, el jurista exige al Congreso de la Unión “respetuosamente”, iniciar el procedimiento de Juicio Político contra dichos ministros, ya que con ese tipo de resoluciones “es claro que se propicia la impunidad y se alienta a la delincuencia”.
Y es que –según el maestro de derecho–, son demoledoras las fallas de la sentencia.
1.- Porque la sentencia considera que los secuestrados son “supuestas víctimas”, cuando el secuestro y las víctimas existieron, al grado que los cómplices de la señora Cassez están en prisión.
2.- Porque fue un procedimiento antijurídico, ya que señala que “el verdadero juicio se celebró antes de la aparición del Juez”, con lo que descalifica todo el proceso en sus tres instancias, las resoluciones de los jueces e infiere que los “juicios verdaderos” son a partir de lo informado por los medios de comunicación.
3.- Porque es notoriamente incongruente y parcial en favor de la sentenciada, al afirmar que no se pronuncia respecto de la veracidad de los testimonios de las víctimas, pero más adelante desestima los testimonios al sostener que “indudablemente carecen de fiabilidad”.
4.- Porque es parcial y antijurídico, a favor de la sentenciada, al sostener que “Cualquier proceso judicial realizado después (del espectáculo televisivo), en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad”. Dicho de otro modo, que según los ministros de la Corte, a causa del montaje televisivo, la señora Cassez –y sus compinches–, eran inimputables. ¿Y por qué, entonces, sus cómplices están presos?
5.- Y que a pesar de que el amparo a la señora Cassez fue por violación a sus derechos humanos, los ministros valoraron la declaración de las víctimas a partir de una entrevista dada en medios, testimonio que no fue objeto del recurso de amparo.
Por último, el jurista señala que la mera redacción de la sentencia “acredita que los ministros, Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no son aptos para ejercer la investidura que actualmente tienen”. En pocas palabras, son un fraude.
¿Habrá un valiente que los despida?
Al tiempo.
