El próximo jefe del Ejecutivo tuvo, en un solo día, la rectificación más fuerte de los postulados con los cuales ganó la elección presidencial y que usó para diferenciarse de los dos mandatarios recientes, Peña y Calderón.
Habrá más Ejército y más Marina en las calles para lograr la pacificación del país.
Es una voltereta dramática, impensable hace unos cuantos meses, realizada luego de tener el poder al alcance de unas cuantas semanas.
Tiene que dar seguridad, y plantea lograrla con más fuerzas armadas en las calles.
Desconozco si esa sea la solución para la seguridad, pero es radical el cambio al anunciar la convocatoria para reclutar 50 mil soldados, marinos y policías más, contra la oferta de regresarlos a sus cuarteles cuando llegara a la presidencia.
El sentido común dice que sería mejor utilizar ese dinero en profesionalizar policías estatales para transferir la hegemonía militar en el combate al crimen, a las fuerzas civiles.
Salvo que la idea sea otra, con aliento caribeño. Esperemos que no.
Actualmente hay 52 mil soldados en la lucha contra la delincuencia y por la seguridad.
Sumarle otros 50 mil –a los diferentes cuerpos– es prácticamente duplicar el número de elementos (“con buenas condiciones laborales, con prestaciones y seguridad social”), e incrementar casi al doble el gasto en equipamiento, pertrechos y cuarteles.
Antes de aumentar el número de efectivos militares y marinos, los nuevos gobernantes tendrían que suturar heridas abiertas con las instituciones de defensa.
Ofrecerles una disculpa, por lo menos.
La medida debe venir acompañada de un desagravio a las Fuerzas Armadas, que han sido calumniadas y vapuleadas por los seguidores de López Obrador en las calles, en los medios y en el Congreso.
Los llamaban asesinos, torturadores y hasta bestias por combatir al crimen y sus pandillas en el país.
A las Fuerzas Armadas, si las van a seguir usando en tareas de seguridad pública, deben protegerlas jurídicamente.
Tienen que darles garantías de que los propios miembros de Morena y el gobierno entrante no las van a juzgar por hacer lo que les están pidiendo que hagan: brindar seguridad pública.
Con una mano escriben que debe aumentarse la presencia militar para combatir al crimen, y con la otra los acusan de asesinos.
Ese doble juego debe parar (y vamos a insistir próximamente en el tema).
Las garantías jurídicas, las buenas condiciones laborales, seguros y prestaciones, deben ser para todas las Fuerzas Armadas, y no sólo para los 50 mil nuevos que van a incorporar a partir de diciembre.
¿O habrá una Guardia Nacional Juarista, Maderista o Cardenista, con miembros del Ejército, Marina y policías con condiciones de excepción, al margen de los mandos castrenses actuales?
Ahí hay un punto de alta sensibilidad que aclarar, no sólo para las Fuerzas Armadas, sino a toda la nación.
Mando único en los estados, dice el presidente electo.
Qué bueno, pero lástima que se lo hayan negado al gobierno saliente que lo pedía a gritos, y Morena lo rechazó en el Congreso.
Interesante que López Obrador haya dicho el miércoles en Toluca que “vamos a convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones. Pero muchos más. Alrededor de 50 mil elementos más en el país”.
Es la solución contraria a la que él planteaba, aunque si es para el bien del país, bienvenida la rectificación.
Lo que sorprende es el cambio tan drástico, y que sus seguidores que han insultado hasta la procacidad a los institutos armados, ahora no digan nada.
¿Hay gato encerrado? Esperemos que no, y confiemos en la buena fe del próximo presidente.
“Yo voy a hacer la convocatoria para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que, entre todos, serenemos al país”.
Sí, hay que pacificar al país, aunque AMLO nos había dicho que no se iba a serenar con la fuerza. Y reclutará 50 mil elementos más.
¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? ¿O cuál es el plan?
Bienvenida la rectificación si es para bien. Ojalá que no sea una ocurrencia. O peor aún, que esté al margen de la institucionalidad del país.
