Las 50 medidas de austeridad republicana: ¿Una farsa?

El pasado 15 de julio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la prensa un total de 50 puntos para llegar a la austeridad republicana que planteó durante su campaña proselitista, la cual fue una de sus propuestas estandarte y con la que, según su dicho, se ahorrarían más de 500 millones de pesos del erario.

Sin embargo, cuando AMLO todavía ni siquiera llega al poder, la prometida “austeridad republicana” cada vez se asemeja más a un espejismo que a una realidad, pues varios de los 50 puntos fueron ya violados por incondicionales del llamado “mesías tropical”.

Pero antes de detallar las ocasiones en que nos ha decepcionado López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional, es importante conocer las 50 medidas de austeridad develadas en julio pasado:

  1. Se modificará el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
  2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
  3. Se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
  4. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal según el cual: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
  5. La Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos y candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral; su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracias.
  6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad, el mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1 de junio de 2018 consistió, básicamente, de encomiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: “Un buen juez por la casa empieza”.
  7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos.
  8. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
  9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
  10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
  11. No habrá más de cinco asesores por secretaría.
  12. Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.
  13. No habrá bono y otras canonjías; el salario será integral según la Constitución que a la letra dice “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y de los gastos de viaje en actividades oficiales. “Como lo establece el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República”.
  14. Se limitarán los viáticos al mínimo.
  15. No habrá partida para gastos médicos privados.
  16. No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
  17. No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.
  18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
  19. Nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad.
  20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, contraloría interna, y otras; estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.
  21. Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del personal y del gasto de operación.
  22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.
  23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos.
  24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.
  25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
  26. No podrá contratarse a familiares.
  27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
  28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.
  29. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
  30. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y de otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública.
  31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del estado, sino tiene permitido o no cuenta con autorización para ellos.
  32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.
  33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.
  34. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
  35. Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.
  36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación.
  37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.
  38. La Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte de El Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
  39. Desaparecerán las partidas para vestuario, cualquier gasto de protocolos ceremonial dedicado al presidente y a sus colaboradores cercanos y a familiares.
  40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El Sistema de Inteligencia de Gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la delincuencia.
  41. Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
  42. Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará en energía eléctrica en agua, servicios telefónicos, de Internet, gasolinas e insumos pagados por el erario.
  43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son, los ciudadanos, los mandantes de los servidores públicos.
  44. Las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
  45. Los contratos de obra de Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.
  46. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica de los sobornos o de los llamados “moches”.
  47. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos.
  48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.
  49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen y no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción.
  50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción, y que causen daño a la Hacienda Pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes.

A sólo cuatro meses desde que AMLO ganó la Presidencia, y cuando faltan menos de 50 días para que asuma el cargo, al menos seis de las 50 medidas de austeridad han sido vulneradas.

La primera -en orden de aparición- es la de suspender fuero y privilegios a funcionarios públicos.

Aunque desde el Congreso se plantee la legislación para eliminar la figura del fuero político, la permanencia de los privilegios se hizo patente cuando la semana pasada, los diputados de Morena (mayoría absoluta en San Lázaro) se auto aprobaron una partida millonaria por 162 millones 980 mil pesos, suma que recibirán en diciembre.

La segunda, es la que estipula que la Fiscalía General “no recibirá consigna del presidente”, lo cual ya marca una potencial trampa, pues el futuro presidente intenta, de manera sistemática, imponer a un “fiscal carnal” a través de una propuesta legislativa realizada desde Morena.

En el pergamino de la “honestidad valiente”, también se prohibe contratar a familiares en el sector público, mandamiento violado por el propio “líder mesiánico”, quien  tiene como administradores del partido de su propiedad (Morena) a sus hijos, quienes visten ropas de lujo y, en general, distan de un estilo de vida austero.

En el cuarto ejemplo de “inconsistencia republicana”, las “tablas de la ley mesiánica morenista” ordenan la eliminación de partidas presupuestales y moches en el Congreso. Ley quebrantada por los legisladores casi de inmediato de que asumieron sus posiciones en las cámaras, pues los primeros días de octubre se auto aprobaron una partida por el concepto de Subvenciones Ordinaria Fija y Variable por la cantidad de 342 millones 478 mil pesos.

Otros dos de los mandamientos incumplidos son los que dicen que “se limitarán los viáticos al mínimo” y que “no se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo”.

Ambos, con los que suman los seis reportados en este texto, han sido transgredidos nada menos que por dos de los consentidos de Andrés Manuel López Obrador: Claudia Sheinbaum, futura gobernadora de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Relaciones Exteriores.

Ambos discípulos del “mesías tropical” realizan giras políticas fuera del país con perfiles que no encajan en el concepto de austeridad. Sheinbaum, por ejemplo, visitó en los últimos días Francia y España en donde se le reportó por ciudadanos mexicanos mientras consumía en restaurantes nada modestos.

Por otro lado, Marcelo Ebrard, viajó a Asía y, desde Tokio, Japón -una de las ciudades más costosas del mundo-, compartió sus actividades con empresarios en sus cuentas de redes sociales

A ese ritmo, les tomaría poco el tiempo al tabasqueño y a sus funcionarios, dentro de los próximos seis años, terminar de atropellar el resto de sus propias promesas.