Las peores masacres de México ocurridas en 2019 ignoradas por AMLO

Hasta el momento el gobierno de AMLO le ha prestado más atención al tiroteo de El Paso, pero cuatro masacres ya han manchado de sangre su incipiente "Cuarta Transformación"

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El tiroteo suscitado en El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto de este año sacudió, no solo a Estados Unidos, también a México, ya que ahí fallecieron ocho mexicanos, y de acuerdo con el tirador Patrick Crusius, el ataque iba a dirigido a nuestros connacionales.

En consecuencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo condenó los hechos —pidió que se aplicará todo el peso ley— sin dejar mencionar sus intenciones de extraditar a Crusius, por ser el autor material e intelectual de este acto de “terrorismo contra mexicanos”, como lo llamó el canciller Marcelo Ebrard. 

Días después, el 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una reunión en la que participaron su titular Alejandro Gertz Manero, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que del lado estadounidense acudieron integrantes de la embajada en México, así como del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Incluso el gobierno mexicano logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara la propuesta para condenar dicho tiroteo. 

La OEA argumentó que la declaración “fuerte condena a la discriminación racial y los crímenes motivados por el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, incluyendo el discurso de superioridad racial”.

Las reacciones del gobierno ante masacres en territorio nacional son distintas

Resultó loable todo lo que hizo la administración de AMLO para tratar de condenar la matanza en El Paso, eso no se debe discutir; sin embargo contrasta mucho con el accionar de las autoridades cuando deben resolver situaciones similares en territorio nacional. 

En lo que va de esta “Cuarta Transformación” se han suscitado cuatro grandes masacres, y hasta el momento ninguno de los responsables ha sido detenido.

La primera se sucedió el 18 de enero de esta año, cuando un ducto de Pemex ubicado en la comunidad Tlahuelilpan, Hidalgo, explotó mientras un grupo de personas intentaba recolectar el combustible que brotaba de una toma clandestina, que un grupo de huachicoleros no pudo sellar. 

En ese momento, AMLO, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la FRG y el Ejército estuvieron al tanto de la situación, aunque no pudieron evitar que 137 personas murieran por las graves quemaduras en su cuerpo.

La respuesta de las autoridades fue culpar a los huachicoleros —aunque a las víctimas también se les tachó como ladrones de combustible— y hasta el día de hoy ningún presunto responsable ha sido detenido.  

El segundo magnicidio que se ha presentado en esta administración, ocurrió en uno de los estados más violentos del país, Veracruz, específicamente en Minatitlán, donde la noche del 19 de abril, 14 personas fueron asesinadas mientras celebraban una fiesta de cumpleaños.

Dicho acto apresuró la puesta en marcha del nuevo cuerpo de seguridad, llamado Guardia Nacional,  misma que se desplegó el 26 de abril en esa región. Pero no hubo otra acción clara por parte gobierno federal y menos del local, dirigido por el gobernador Cuitláhuac García. 

Sin embargo, a cuatro meses de la tragedia los responsables de esta matanza siguen libres —a pesar de que ya se detuvieron a tres personas, solo una ha sido vinculada a proceso—, los aprehendidos son: Adrían “N”, “El Pelón”, único vinculado a proceso; Ernesto “N”, “El Mingo”, y su hermano Jesús “N”, “El Lagarto”.

Cabe señalar, que Minatitlán es una región en donde el día a día está marcado por el desempleo, secuestros, cobros de piso, feminicidios y crímenes de odio. 

El ocho de agosto, más sangre volvió a ser derramada, pues policías de Uruapan, Michoacán, localizaron 19 cadáveres en diferentes puntos del Bulevar Industrial de dicha ciudad de manera simultánea.

Seis cuerpos fueron colgados en un puente vehicular y otros fueron encontrados descuartizados. En el lugar también se encontraron mantas donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicaba dicho acto, aunque después éste se deslindo y responsabilizaron al grupo criminal “Los Viagras”.

La reacción de las autoridades volvió a ser lenta, aunque el nueve de agosto el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, sólo informó que las muertes se debieron a las disputas entre cárteles de las droga. 

Aunque ese mismo día, Durazo Montaño también detalló que elementos de la Marina  y policía estatal de Guanajuato detuvieron a 16 personas —entre ellos dos menores de edad—, mismos que supuestamente estuvieron involucrados en los hechos violentos de Uruapan. 

Sin embargo, el 12 de agosto el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, confirmó que los 16 detenidos no tenían relación con las muertes de Uruapan, por lo que hasta la fecha los responsables siguen libres.

La cuarta gran tragedia que ha teñido de sangre la administración de AMLO ocurrió la noche del 26 de agosto, cuando un grupo de personas incendió con bombas molotov el bar “Caballo Blanco“, ubicado en  Coatzacoalcos, Veracruz.

Este atentado ha dejado como saldo 29 personas muertas.

Asimismo, las autoridades solo han podido identificar al presunto responsable de este hecho, se trata de Ricardo Romero, “La Loca” —quien sería integrante del CJNG—, pero se desconoce su paradero; aunque después publicó un video donde se deslindó de los hechos. 

Cabe señalar, que Ricardo Romero fue detenido el 18 de julio en Coatzacoalcos, aunque después fue puesto en libertad por la FGR, la cual primero había responsabilizado a la Fiscalía General de Veracruz por no mantenerlo preso, pero en realidad fue el órgano federal el que lo liberó.

El punto, es que sigue libre, por lo que todavía no hay ningún detenido por este terrible acto.

Incompetencia, falta de coordinación, ignorancia de la ley, son los principales motivos por los cuales en ninguno de los cuatro hechos narrados anteriormente se ha logrado detener a los responsables; en consecuencia la administración de López Obrador no ha tratado de la misma manera el tiroteo de El Paso que estas masacres en territorio nacional, las cuales ya van marcando su incipiente inicio de gobierno.