La historia de las caravanas migrantes está a punto de atorarse en un dramático punto muerto.
Después de recorrer miles de kilómetros, muchos de ellos a pie, los centroamericanos que comenzaron a hacer visible su tragedia hace un mes arribarán a la frontera de México con Estados Unidos, un limbo entre un sueño que parece inalcanzable y una pesadilla de la que no parecen poder despertar.
Ahí ya los están esperando. Avisadas por los cruces masivos de la frontera sur de México, las autoridades estadunidenses llevan semanas preparando escenarios, desplegando agentes policiacos y elementos militares. La consigna del presidente Donald Trump ha sido “no pasarán”.
De forma espontánea o premeditada, los migrantes decidieron viajar en grupo. Con ello, anularon la opción más clara que tienen de ingresar a la Unión Americana: cruzar la frontera de forma clandestina.
Muchos apuestan a recibir refugio por su condición de víctimas de la violencia criminal. Es difícil de negar el sufrimiento que la delincuencia ha provocado a millones de centroamericanos, particularmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Sin embargo, la magnitud del problema nada tiene que ver con la disposición de Washington de permitir la entrada de solicitantes de asilo. En 2015, apenas fueron admitidos dos mil 50 latinoamericanos en esa condición y mil 340 al año siguiente, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Se calcula que entre 7 mil y 8 mil centroamericanos componen las distintas caravanas que actualmente recorren territorio mexicano rumbo al norte. El número rebasa, por mucho, la cuota de peticionarios de refugio que Estados Unidos había establecido para toda la región latinoamericana desde antes de que Trump llegara a la Casa Blanca.
En entrevista con Imagen Radio, Édgar Ramírez, agregado del DHS en la embajada estadunidense, me dijo ayer que para poder presentar una solicitud de asilo los interesados tenían que acudir a una garita fronteriza y realizar el trámite de forma individual.
Aquellos que intentaran ingresar de forma subrepticia en el país no sólo no serían elegibles para recibir el refugio, sino que, además, serían sujetos a procesamiento penal, con la posibilidad de ser encarcelados y deportados.
Además, me dijo Ramírez, los miembros de las caravanas encontrarán listas de espera de personas que también quieren recibir el estatus de refugiados.
Dicho número varía de garita en garita, señaló, pero en la de San Ysidro —fronteriza con Tijuana—, a donde se dirige una parte de los miembros de las caravanas, ya hay más de dos mil personas formadas para presentar una solicitud de asilo, lo que implica una espera de más de un mes solamente para iniciar el trámite.
No se necesita ser muy perspicaz para saber que las diferentes ciudades mexicanas en la frontera se convertirán en un embudo.
Dichas poblaciones ya han visto quedarse en ellas a otros migrantes: mexicanos recién llegados, con la esperanza de poder pasar a Estados Unidos, así como mexicanos deportados e incluso personas de otras nacionalidades, como los haitianos que se han integrado en la sociedad tijuanense.
¿Están preparados los gobiernos federal y de los estados fronterizos para ese escenario?
En Tijuana, los refugios para migrantes están a más de la mitad de su capacidad. ¿Dónde dormirán los recién llegados, ahora que empieza la época de frío en el norte del país? ¿Quién les dará de comer?
¿Cómo se les protegerá para que no caigan en las redes de la delincuencia organizada, que siempre está en espera de sumar a personas vulnerables a sus filas?
Son muchas preguntas que al parecer ninguna autoridad se ha hecho y cuyas respuestas, al menos hasta ahora, no parecen importar a muchos en México.
BUSCAPIÉS
Edgar Ramírez informó, además, que los preparativos en las garitas de California para recibir a un mayor número de solicitantes de asilo significarán un movimiento más lento en los cruces regulares de la frontera, pues se tendrán que cerrar algunos carriles a fin de instalar equipos y tener recursos disponibles para evitar que grupos grandes puedan tener acceso.
Luego de varias pifias, el Senado tuvo ayer un acierto de mucha trascendencia, al retirar a Gerardo García Marroquín, cuñado de Ricardo Monreal, como candidato a magistrado electoral. Las razones fueron puestas sobre la mesa por el propio líder de la mayoría, quien dijo que debía protegerse a la institución de los conflictos de intereses. García Marroquín fue sustituido por Elizabeth Bautista Velasco. La decisión, sin duda, marcará un antes y un después.
