Andrés Manuel López Obrador, como a muchos políticos, no le gusta rectificar, decir me equivoqué. Por eso me pareció tan importante que el viernes pasado, después de sus reuniones con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y con el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina, el Presidente electo haya salido a decir que el Ejército y la Marina seguirán en las calles, continuarán cumpliendo sus labores en el ámbito de la seguridad interior y ratificando que los próximos titulares de ambas secretarías saldrán del actual cuerpo de generales de división y almirantes en activo.
No es un tema menor. López Obrador durante la campaña había sido tan duro como injusto en sus juicios sobre soldados, marinos y los mandos militares. Hubo expresiones inadmisibles en alguien que tenía tantas posibilidades de llegar a la Presidencia, como el decir que la lucha contra la delincuencia era en realidad una lucha del pueblo contra el pueblo (identificando a sicarios del crimen organizado como algo similar a una guerrilla, algo que creen a pie juntillas algunos de sus seguidores) y asegurando que el Ejército y la Marina habían realizado masacres.
Cuando fue declarado Presidente electo, dijimos aquí que López Obradorcomenzaría a ver otra realidad, otros rostros del país, porque comenzaría a tener acceso a una cantidad de información que un candidato presidencial, aunque lleve casi dos décadas en campaña y pese a haber recorrido el país a lo largo y a lo ancho en innumerables ocasiones, no tiene. Sobre todo, en el ámbito de la seguridad y de la economía esa información es fundamental para tomar decisiones con certidumbre.
El Ejército y la Marina, como reconoció el viernes López Obrador, tienen que continuar con las actuales tareas de seguridad interior porque, simplemente, no hay quien los reemplace y se han constituido, sin duda, con aciertos y errores, en la última frontera ante la delincuencia que tiene el Estado mexicano. Son, además, la columna vertebral en torno a la cual se aglutinan muchos de los factores reales de poder en el país y se transforman, más allá de la lealtad y disciplina que tienen hacia el Presidente de la República, independientemente de quién sea el que ocupe ese cargo, en garantes de la constitución, sus derechos y deberes. En ese sentido, son también uno de los contrapesos reales en el ejercicio del poder.
López Obrador necesitaba romper con su desconfianza setentera hacia las fuerzas armadas y establecer, como aparentemente lo ha hecho después de las reuniones con el general Cienfuegos y el almirante Soberón, una estrecha relación con la Defensa y la Marina. Porque, más allá de foros por la pacificación, que hasta ahora no han rendido frutos y dudo que los brinden más allá de declaraciones de principios que todos podemos compartir, hay que tener una estrategia concreta, real, para tratar de recuperar la seguridad en el país. Pocas cosas serían más dañinas para su gobierno que descubrir, hacia finales de 2019, que no se ha avanzado en ese ámbito y que tenemos nuevamente 25 mil, 30 mil muertos. Y la inseguridad es hoy el talón de Aquiles del ejercicio del poder.
López Obrador ha dado un paso adelante rectificando y anunciando que no se modificará el papel de los militares en las tareas de seguridad, pero creo que fue injusto y poco práctico con sus juicios sobre la Policía Federal. Por supuesto que la PF está lejos aún de haberse consolidado plenamente como la fuerza policial que el país requiere, pero hay que recordar que en este sexenio se redujo su financiamiento; en los inicios de la administración se le despojó (luego los ha ido recuperando, pero no ha sido lo mismo) de buena parte de sus instrumentos de inteligencia nucleados en Plataforma México; no hay ni cuarteles ni capacidades de establecer en condiciones dignas a sus elementos para estadías largas en la mayoría de los estados del país.
En la PF ha habido y hay un enorme potencial humano y de diseño institucional que debe aprovecharse. Buena parte de sus problemas devienen de una suerte de fagocitación interna de mandos, de falta de claridad en la estrategia de seguridad, de que nunca se definiera siquiera un esquema policial para el país, que sigue siendo un mundo balcanizado con miles de policías estatales y municipales, en su mayoría ineficientes, sin coordinación y, en muchos casos, cooptados por la delincuencia, sea por corrupción o por miedo; se congelaron recursos y no se permitió que la institución siguiera creciendo.
La administración de López Obrador estará en condiciones de modificar esas cosas. Se necesita establecer (y la Ley de Seguridad Interior ayuda en eso) un mando policial que se coordine con 32 mandos policiales estatales únicos. Se necesitan recursos (y la idea de recortarlos en el ámbito de la seguridad es un error: La nueva secretaría, con sus nuevas funciones, incorporaciones y tareas necesitará más dinero, garantizando su destino y uso). Porque algún día el Ejército y la Marina tendrán que comenzar a replegarse, en la misma medida en que esas policías, un modelo de mandos únicos y centralizados, crezcan, se consoliden y puedan cumplir con su labor.
