A un año y cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes conformaron nueve brigadas y salieron a las calles de Iguala –en Guerrero–, para buscar pistas que les permitan dar con el paradero de sus hijos.
Sin una agenda marcada, a pie y con la esperanza de encontrar a sus hijos con vida, los familiares de los normalistas recorrieron 20 colonias del municipio de Iguala –algunas controladas por los guerreros unidos–, donde pidieron cualquier tipo información a los vecinos. Además de que colgaron carteles con las imágenes de los estudiantes y repartieron folletos.
No es la primera vez que los familiares de los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” realizan brigadas para buscar por cielo, mar y tierra a sus hijos. Y tampoco es la primera vez que algunos grupos –con un marcado interés político y económico–, utiliza a los familiares de los 43.
A pesar de que las autoridades –municipales, estatales y federales–, insisten en que no ha cesado la búsqueda de los 43 normalistas porque –como dijo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, “a los desaparecidos se les sigue buscando con gran énfasis… y todos los días hay búsquedas en los lugares cercanos a Iguala y Cocula”–; los padres siguen buscando pistas.
Recordemos que los familiares de los 43 incluso lanzaron una convocatoria para crear una “Brigada Nacional por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos” que se compondría de tres rutas: Una que pasara por Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán; otra por Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala y la tercera por los municipios de Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
No obstante, todas estas búsquedas terminaron en marchas y protestas en la Ciudad de México. La “Brigada Nacional”—que convocó a la sociedad civil, pueblos, comunidades indígenas, estudiantes, amas de casa, trabajadores de campo, movimientos estudiantiles y a todo el que se sintiera identificado con el dolor y la indignación—no prosperó.
En su momento, autoridades, familiares y “voluntarios” acudieron –en octubre de 2014, un mes después de la desaparición–, a buscar rastros de los normalistas al Río de Cocula donde presuntamente fueron calcinados.
Y desde el 18 de noviembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) han buscado a los normalistas sin dar un informe certero –únicamente dan avances–, además que han desacreditado el trabajo de investigación de las instituciones mexicanas como el de la Procuraduría General de la República (PGR).
El mismo presidente Enrique Peña Nieto ordenó la creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas pero los mismos padres de los normalistas no estuvieron de acuerdo porque querían una fiscalía única para sus hijos.
Y es que, al final del día, los padres de los 43 desaparecidos tienen todo el derecho de agotar hasta la última instancia de búsqueda e investigación sobre el paradero de sus hijos. Los padres de los desaparecidos –como haría cualquier padre–, no cesarán en su intento por dar con los estudiantes hasta que exista certeza de qué ocurrió con ellos. No obstante, también es cierto que no faltan los vividores, los estafadores y los sin escrúpulos que utilizan la sed de respuestas de los padres para sacar raja política. Y eso, por donde se vea, es abominable.
