Hasta hace horas, el de los 43 normalistas asesinados y calcinados por el grupo criminal, Guerreros Unidos, era el ejemplo del fracaso de la política oficial de control de daños, reacción y comunicación del gobierno federal.
¿Por qué?
Porque en el caso de “Los 43”, el gobierno de Peña Nieto lo hizo todo mal. Y, al final de cuentas, en México y el mundo se percibe que los estudiantes fueron asesinados y desaparecidos “por el Estado”, cuyas instituciones pagan por una culpa que no debe.
Todo, a pesar de la pulcras investigaciones que mostraron el secuestro y la entrega de los normalistas a Guerreros Unidos, cuyos sicarios los mataron e incineraron en el basurero de Cocula; a pasar de que se probó científicamente que sí hubo fuego en ese basurero y que se encontraron restos genéticos de dos normalistas; a pesar de que los gobiernos de Guerrero e Iguala eran del PRD y que Morena impuso a Abarca y promovió a toda su claque criminal.
Fue tal el temor del gobierno al éxito en el caso Iguala –luego de la investigación de Murillo–, que el mayor error fue dejar la investigación y su ratificación en manos de peritos argentinos y supuestos expertos de la CIDH.
Hoy se sabe que el error fue del propio Murillo, cuyo criterio de llamar al GIEI convenció al presidente, a pesar de que el gabinete en pleno se opuso a la llegada del GIEI, porque al frente de la CIDH “estaba un enemigo de Peña Nieto”; Emilio Álvarez Icaza.
El error costó sangre, sudor y lágrimas. Los dizque expertos de la CIDH resultaron un puñado de ladrones a sueldo, mientras los peritos argentinos se exhibieron como vividores sin límite. Los dos grupos sólo venían por dinero y con la consigna de derribar al gobierno de Peña Nieto.
Pero como errores y mentiras no son para siempre, el gobierno de Peña corrigió. Se fue Murillo, fueron echados los culpables de la tragedia en comunicación y poco a poco se revirtió el escenario negativo.
Era claro que el gobierno federal temía enfrentar a los farsantes del GIEI, a los pillos de la CIDH y la imagen internacional. Por eso, de manera inteligente propuso un tercer peritaje que –ante la sorpresa de todos–, incluyó a farsantes y pillos del GIEI y peritos argentinos. La clave fue sumar científicos serios. Pero sobre todo se tomó la iniciativa en el manejo de la comunicación social.
Por eso, en días pasados la PGR hizo público el tercer dictamen sobre el basurero de Cocula; informe científico que confirma la teoría de Murilllo, que confirma los hallazgos de la Universidad de Innsbruk –que probó el ADN de dos normalistas con restos del basurero de Cocula–, y ratifica declaraciones de decenas presuntos responsables del crimen de “Los 43”, detenidos, que revelaron el secuestro, asesinato e incineración.
Y no se hizo esperar la reacción tramposa y canalla del GIEI y de los peritos argentinos, que mintieron de nuevo al señalar que la PGR no los tomó en cuenta para dar a conocer el peritaje. Lo curioso es que no cuestionan el resultado del peritaje, sino que descalifican el método para llevarse más dinero.
Sólo basta preguntar. ¿Qué van a decir todos los vividores de la tragedia de los 43? ¿Qué dirá la canalla política, periodística y líderes sociales que sacaron raja política de esa tragedia?
¡Ya basta, de tanta pinche transa!
Al tiempo
En horas, la autoridad federal confirmará que la supuesta hija de El Chapo se llama Rosa Icela González Ortiz, en realidad hija de El Azul. Otra pinche transa montada contra el gobierno federal. ¿Y qué dirán los mismos, de la nueva mentira?
Tomado de Milenio
