Pocos se han ocupado del tema. Muchos lo ignoran deliberadamente mientras la mayoría de los votantes son ajenos a la gravedad del problema.
Nos referimos al escandaloso número de ciudadanos asesinados por motivos político-electorales –sean candidatos o militantes de distintos signos y rangos–, y al insólito número de candidatos que por temor, por amenazas o presiones directas dejaron la contienda.
Según reportes del portal www.letraroja.com, entre septiembre de 2017 y julio de 2018 fueron asesinados 120 ciudadanos, todos vinculados con el proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos y los atentados se dieron en los Estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, México, Guanajuato y Puebla.
Una “perla” de la gravedad del tema la vemos en el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos sólo en 2018.
Pero esa es sólo una parte del problema, según el diario Excélsior en el proceso electoral “se bajaron” de la contienda 5 mil 700 candidatos, sobre todo en los Estados de Oaxaca, Michoacán y México. Sólo en Oaxaca el INE reportó la sustitución de mil 660 candidatos.
Frente a las escalofriantes cifras, obliga preguntar: ¿Estamos ante una narcoelección? ¿Quién está detrás de los 120 asesinatos durante el proceso electoral? ¿Cuántos de los 48 candidatos que suplieron a los asesinados, fueron impuestos por el crimen organizado o el narcotráfico?
¿Cuántos de los 5 mil 700 candidatos a puestos de elección que “se bajaron” de la contienda, lo hicieron por amenazas o presiones del crimen organizado? ¿Cuántos de los suplentes de esos 5 mil 700 que “se bajaron”, estarán al servicio del crimen?
No sabemos si los suplentes de los candidatos asesinados o de los aspirantes que “se bajaron” de la contienda ganarán la elección. Por eso obliga volver a preguntar. ¿Cuántos diputados federales llegarán al Congreso gracias a sus vínculos con el narcotráfico? ¿Cuántos senadores estarán en un escaño porque deben favores al narco? ¿Cuántas de las miles de alcaldías que se renovarán el domingo próximo estarán encabezadas por un político impuesto por el crimen? ¿Cuántos de los 20 Congresos estatales que serán renovados tendrán poderosas “narcobancadas”?
El de la participación del narcotráfico y el crimen organizado en política y, sobre todo en elecciones, no es nuevo. Lo nuevo –y que alcanzó niveles de escándalo–, es la intervención montonera del crimen organizado en los procesos electorales en entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Nadie sabe cuál será el tamaño de las “narcobancadas”, el número de los narcoalcaldes, de diputados federales y senadores y hasta gobernadores que estarán al servicio del crimen.
Lo que sí sabemos es que, como nunca, la elaborción de leyes estará en manos de matarifes, narcos, sicarios, huachicoleros, tratantes de blancas y administradores de las fortunas producto del crimen.
¿Qué partido político será el campeón en prestar su franquicia para los criminales? ¿Se llama Morena?
Al tiempo.
