La gobernadora electa de Puebla, Martha Érika Alonso, informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto para garantizar el debido proceso legal y se dé un acceso expedito a la justicia en la resolución definitiva a la elección en Puebla.
En conferencia de prensa, Alonso indicó que el proyecto de anulación que presentó el magistrado José Luis Vargas, viola el principio de carga de la prueba, ya que no existen elementos para poner en duda que la custodia de los paquetes electorales haya sido violada.
Además que es absurdo en hacer esta afirmación de un recuento que él mismo realizó, a petición de las primeras impugnaciones.
Ante todo ello, la gobernadora electa indicó violaciones a los artículos 131 y 136 del Reglamento del TEPJF, que indican que los magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento e informar a las partes el sentido de un proyecto antes de que este se resuelva.
Además da a sugerir que las acciones del magistrado se dan a presiones políticas por parte del gobierno federal entrante. Todo por la iniciativa presentada por Morena de reducir de 9 a 3 años el cargo del magistrado.
“La ley no puede quedar secuestrada por el interés de agradar al poder entrante”, remató la panista
