Por Enrique Peña Nieto
El 17 de mayo, presenté un paquete de iniciativas con el objetivo de promover la igualdad. En particular, la propuesta incluye establecer en nuestra Constitución el derecho a contraer matrimonio, independientemente de la identidad de género o preferencia sexual. Esta decisión está en línea con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación —el año pasado— que determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio.
Debido a que la legislación de los estados no está vinculada automáticamente con este fallo, sólo un cambio en la Constitución puede garantizar el derecho al matrimonio para todas las personas, sin importar en qué lugar del país decidan ejercerlo. Sin duda, éste era el momento adecuado para anunciar estas iniciativas, surgidas de mi propia convicción personal, y la de mi gobierno, para avanzar hacia una sociedad más incluyente. El objetivo general es lograr una Sociedad de Derechos, en donde todos los mexicanos gocen de todos los derechos ante la ley.
Como era de esperarse, este anuncio generó un importante debate, no sólo entre los partidos políticos en el Congreso, sino también entre algunos sectores de nuestra sociedad. Entiendo que estas medidas enfrenten cierta resistencia y que aún persisten una serie de tabúes relacionados con el tema. Sin embargo, como Presidente, mi deber es garantizar que las creencias personales y costumbres de algunos no limiten los derechos humanos de otros.
México ha avanzado a una importante velocidad en el reconocimiento de la igualdad. Por ejemplo, una encuesta nacional —levantada sólo unos días después de anunciada esta serie de iniciativas— muestra que 64% de los mexicanos reconoce la homosexualidad como un “modo aceptable de vida”. En el año 2000, esta cifra era de sólo 27%. Lo que es más, de acuerdo con la misma encuesta, en la actualidad 66% de las personas están de acuerdo, total o parcialmente, en que el matrimonio igualitario debe permitirse en nuestra Constitución.
A pesar de estos avances, aún persisten grandes desafíos, incluyendo el hecho de que numerosas leyes y normas en México siguen siendo discriminatorias.
Reconociendo esto, puse en marcha una iniciativa para revisar todo nuestro marco jurídico, con la participación activa de académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. El objetivo es recoger las recomendaciones de todos los rincones de nuestro país, con el fin de identificar cada una de las leyes que no reconocen la igualdad y proponer los cambios necesarios para mejorarlas. Es cierto que la legislación por sí sola no va a eliminar los estereotipos o prejuicios, pero es un paso necesario para lograrlo.
Abrir la conversación, incluso más allá de nuestras fronteras, es también fundamental para promover la inclusión. El 17 de mayo, igualmente, anuncié que México será parte del Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero o Intersexuales de las Naciones Unidas, junto con 19 países que promueven estos derechos a nivel internacional. El principio rector de nuestra participación será la convicción de que cada mujer u hombredebe tener los mismos derechos y que la diversidad es un elemento primordial de la riqueza de nuestra sociedad.
La construcción de una Sociedad de Derechos significa que no hay espacio para ciudadanos de primera y de segunda. Significa elegir la inclusión sobre la discriminación. Significa crear unidad a partir de la diversidad.
Publicada originalmente en el Huffington Post
