Sin duda que la escena indigna y preocupa, sobre todo por el mensaje de ingobernabilidad y de un Estado claudicante ante el crimen organizado.
Y es que ese, el de entregar el país al crimen, es el mensaje que queda cuando vemos a militares sometidos por criminales; cuando vemos que los militares son desarmados y humillados.
Por eso la indignación general y las interrogantes obligadas.
¿Dónde está el presidente? ¿Por qué el silencio del Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas? ¿Así actuarán los efectivos de la Guardia Nacional? ¿Esa será la instrucción de sometimiento ante los criminales?
Lo cierto es que no les falta razón a quienes se dicen indignados por el video en donde un grupo criminal somete y denigra a soldados que antes les habían incautado armas.
Sin embargo, tampoco podemos caer de nueva cuenta en la ingenuidad que da paso a la doble moral –social y oficial–, y que solapa uno de los negocios más miserables del poder; el negocio de los derechos humanos.
En efecto, hoy muchos se quejan del indignante e indigno sometimiento de militares en La Ruana, Michoacán. ¿Pero imaginan lo que habría pasado si los militares responden a tiros contra los criminales?
Seguramente los uniformados, preparados para matar, habrían acabado con la banda criminal. Y, sin duda, esos militares que cumplieron con su deber hoy estarían en prisión acusados de violentar los derechos humanos de los criminales.
Y, sin duda, habrían caído sobre los cadáveres de los criminales los buitres dizque defensores de derechos humanos –como Emilio Álvarez Icaza–, que se frotarían las manos por los millones de pesos que les regalaría el Estado, por acusar a los militares de otra ejecución extrajudicial.
Y no, no tenemos bola de cristal para saber lo que habría ocurrido, pero sí tenemos memoria de historias similares, en donde rapaces aparecen los vividores del poder y la política con el cuento de la defensa de derechos humanos.
Y para entender lo que habría pasado si los militares humillados en La Ruana hubiesen disparado, vale recordar lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, cuando cinco marinos abatieron a por lo menos 22 criminales.
En esa ocasión, muchos políticos, intelectuales, críticos, periodistas y supuestos defensores de derechos humanos empujaron hasta la estratósfera el espantajo –sin una sola prueba–, de que en Tlatlaya se había cometido una imperdonable ejecución extrajudicial.
A partir de ese invento mediático los criminales fueron convertidos en víctimas, mientras los marinos quedaron en calidad de criminales; las familias de los oficiales perdieron todo, en tanto que a las familias de los criminales les entregaron millones de pesos, que repartieron con los farsantes vividores de los derechos humanos.
Por eso, aquí denunciamos que los marinos sólo habían cometido un error; el de acudir en un pequeño grupo –de cinco–, lo que ponía en riesgo su vida. Aún así, y a pesar de que el enfrentamiento se produjo en la madrugada, en total obscuridad y ante criminales con mejor y más armas que las de los marinos, los oficiales abatieron a los delincuentes.
Frente a la monstruosidad interesada y el maniqueísmo desatado por políticos como Jorge Castañeda y acompañada por vividores de derechos humanos como Emilio Álvarez Icaza, entre muchos otros, en éste espacio difundimos una extensa investigación periodística y de campo, que concluyó con las pruebas de que en Tlatlaya los marinos sólo hicieron su trabajo; abatir a los criminales en un enfrentamiento en el que pusieron en riesgo su vidas.
Al final de cuentas, el 14 de mayo de 2016, los marinos resultaron inocentes y fueron exonerados por un juez civil, el cual determinó que no existió la supuesta ejecución extrajudicial.
Sin embargo, a lo largo del proceso, el desprestigio al gobierno federal, a los marinos, a sus familias y a las instituciones castrenses fue mayúsculo, todo sin contar con los millones de pesos que se llevaron a la bolsa los vividores de derechos humanos y las familias de los criminales.
Muchos de los que se escandalizaron “por la ejecución extrajudicial en Tlatlaya”, hoy se escandalizan por el sometimiento a los militares por parte de los criminales.
En efecto, la solución al problema es regresar a militares y marinos a sus cuarteles, pero esa promesa fue otro engaño del gobierno de Obrador.
Doble moral de sociedad y políticos “a quienes ningún chile les acomoda”, como dijo el clásico.
Al tiempo.
