El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, realizó ayer un saludable compromiso para no volver a realizar, jamás, una consulta ilegal como la que derivó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Se trata de un paso adelante, que muestra sensibilidad ante la reacción de la opinión pública y de los mercados.
El daño ya está hecho, en términos económicos y de confianza, pero de cualquier manera hay un acuse de recibo del malestar ciudadano y un intento concreto de rectificación, como el que planteó ayer Mario Delgado.
Dijo que “es la última consulta que se hizo con esas características (al margen de la ley), con esas restricciones, con esa coyuntura. Todas las consultas que se hagan de aquí para adelante, de las decisiones más relevantes para el país, cuando así se decida, tendrán que apegarse necesariamente a la ley que regula las consultas populares”.
Actualmente hay una ley que regula las consultas populares, está en la Constitución, pero Morena quiere otra.
Para ello van a modificar el artículo 35 de la Constitución y hacer una ley a su manera, a su ver y entender, porque tienen la mayoría.
Habrá que estar atentos, conocer el proyecto y evitar que se cambie la Constitución con fines que vulneren la esencia de la democracia.
Sin embargo, es preciso recordar que López Obrador y su partido ganaron las elecciones, por lo que tienen derecho a realizar las reformas legales y constitucionales que consideren pertinentes.
Cuentan con el mandato y la representatividad para ello.
Quienes se opongan, o cuestionemos esas iniciativas, también tenemos el derecho a existir, a ser leídos, escuchados, y a no ser insultados por pensar diferente al próximo Presidente de la República.
Los que ganaron las elecciones adquieren una serie de facultades que el régimen democrático les concede.
Por eso fue tan anticlimática la consulta sobre la continuidad del aeropuerto.
Fue realizada al margen de la ley, como ha dicho el líder de los diputados de Morena. Y segundo, apenas participó en ella el uno por ciento de los ciudadanos empadronados.
El Presidente electo debió haber dicho con todas sus letras que iba a echar abajo el aeropuerto en Texcoco, con base en sus facultades legales.
O si quería hacer una verdadera consulta popular, se debió tomar el camino que marca la Constitución.
Bienvenida, pues, la rectificación anunciada por los diputados de Morena.
El daño, sin embargo, ya está hecho en lo que hace al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Vamos a perder, como país y de inmediato, 120 mil millones de pesos.
Las empresas perdieron en la Bolsa, derivado de la decisión de la consulta, 17.5 mil millones de dólares (análisis de Juan Pablo Spinetto, Bloomberg), mientras el costo total del aeropuerto iba a ser de 14 mil 500 millones de dólares.
El peso tuvo una caída del cinco por ciento, algo que no habíamos visto, por razones internas, desde el siglo pasado.
El servicio de la deuda, pública y privada, en consecuencia, aumentará.
Las calificadoras perdieron la confianza en el próximo gobierno y nos tienen en la mira para encarecernos el crédito.
El crecimiento económico para el próximo año, previsto en 2.4 por ciento, fue rebajado a 1.9.
Cuarenta y tres mil trabajadores perderán su empleo.
México se privará de un aeropuerto a la altura de la potencia que aspiramos a ser.
Nada de lo anterior se puede recuperar.
El error ya se cometió, y esperemos que la rectificación anunciada por la diputación de Morena sea preventiva contra decisiones equivocadas en el futuro próximo.
