Las preguntas son muchas y las respuestas muy pocas.
Y es que todo indica que es un engaño y una burla la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que llevará a cabo el gobierno electo. de Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué un engaño y una burla?
Porque “el gobierno” que lleva a cabo la consulta aún no es “un gobierno constituido”, porque la consulta no es legal, porque se trata de un ejercicio demoscópico inconstitucional y porque nadie sabe de dónde saldrán el dinero par la consulta y porque nada garantiza la certeza y la legalidad del ejercicio de consulta.
¿Lo dudan?
1.- El artículo 35 constitucional establece que para que una consulta ciudadana tenga validez, requiere del 40 por ciento de participación de los potenciales electores.
2.- Porque una consulta como lo marca la Constitución, sólo la puede llevar a cabo un gobierno legalmente constituido.
3.- Porque, por otro lado, el financiamiento de la consulta debe provenir de fuentes ajenas a las partes interesadas. Y todos saben que el gobierno electo le ordenó a los diputados de Morena pagar de su salario del Congreso, dicha consulta
4.- Porque la elaboración de la o las preguntas de la consulta debe estar a cargo de especialistas no sólo en el ejercicio demoscópico sino de la materia a consultar.
5.- Porque la metodología para la consulta; el número de boletas disponibles, la distribución de los centro de votación, los mecanismos de vigilancia, los comités para el recuento y validación de votos y los procedimientos para impedir trampa deben estar a cargo de instancias ajenas a las partes en conflicto. Y en la consulta del NIIM, toda esa metodología la decidió Morena.
Como queda claro, la consulta que llevará a cabo del 25 al 29 de octubre el equipo del presidente electo –para continuar o no con el proyecto del aeropuerto de Texcoco o para iniciar uno nuevo en Santa Lucía–, no cumple con ninguna de las premisas básicas de transparencia y legalidad.
Por tanto, obliga a preguntar.
¿De dónde saldrá el financiamiento para todo lo que requiere la consulta? ¿Cuál será el costo real de todo ese proceso?
¿Quién va a garantizar la transparencia y la legalidad de dicha consulta?
¿Qué certeza jurídica, qué legalidad y qué seriedad tendrá el resultado cuando nadie sabe a ocho días cuál será el costo y quién pagará ese gasto?
Queda claro que asistimos a un nuevo engaño, a una tomada de pelo que le podría costar a los mexicanos por ahí de 120 mil millones de pesos, si es que se cancela el proyecto del NAIM.
Al tiempo.
