El gobernador de Nayarit Antonio Echevarría García, indicó que se requiere una mayor presencia de fuerzas federales ante los hechos de violencia en la entidad, específicamente en la región cercana a la capital Tepic, donde en días recientes se encontraron fosas clandestinas, en el municipio de Xalisco.
A cuatro meses de haber llegado al palacio de gobierno de Tepic, el gobernador emanado de una alianza PAN-PRD solicitó el apoyo federal, debido a un aumento en los índices delictivo: mientras en 2016 fueron denunciados 42 homicidios, all cierre de 2017 se denunciaron 404. También hizo referencia a su antecesor Roberto Sandoval y su fiscal Edgar Veytia actualmente preso en los Estados Unidos por nexos con el narco.
El caso de Nayarit podría ser uno de los primeros beneficiarios de la Ley de Seguridad Interior, ya que solicita el apoyo de las fuerzas federales, puesto que heredó un estado con “cifras maquilladas” en temas de seguridad pública, además de la corrupción del anterior fiscal. Pero irónicamente, la ley ha sido impugnada por los partidos que postularon al gobernador Echevarría García.
La necesidad de una intervención de las fuerzas federales, en el caso de Nayarit es obvia: ya se encuentran equipos forenses para buscar la identidad de los cadáveres encontrados en Xalisco, luego que la procuraduría estatal exhumó 32 cuerpos. Al gobernador Echevarría se le cuestionó si se tiene identificados a quienes sean los responsables, a lo cual respondió:
“No sabemos quiénes son los responsables de esas muertes. Desgraciadamente el crimen organizado está muy metido en la capital del estado y las investigaciones se están dando”
Entonces queda la interrogante para quienes impulsaron al gobernador Echavarría ¿la Ley de Seguridad Interior si funciona y es necesaria en la práctica? O ¿Dejarán solo al gobernador nayarita, por el berrinche electorero de impugnarla en tiempo electoral?
