Sin lugara dudas, una de las constantes de esta elección ha sido el desempeño de los árbitros electorales.
Ya el Instituto Nacional Electoral, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya las llamadas OPLEs, todos han dado lugar a las ambigüedades, a escándalos y a las imprecisiones.
Por eso, justo a la mitad de las campañas, preguntamos, ¿tenemos el árbitro que demandan los procesos electorales?
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Cristopher Ballinas comentó que el desempeño actual de los organismos electorales es resultado de las reformas electorales pasadas.
En 2014, con la reforma política/electoral que aprobó el Congreso, se trató de centralizar la operación de las elecciones. No obstante, recordó Ballinas, el control económico de los gobiernos estatales –que son quienes pagan a los consejeros electorales locales–, obligó la creación de los OPLEs. Es decir, que la labor electoral no se centralizó ni tampoco se quedó en los estados. Simplemente se creó un híbrido.
En esta lógica, hoy vemos en los OPLEs todos los excesos, las malas prácticas y la opacidad que distinguió al régimen político del viejo PRI. Y es que, en los hechos, son la misma cosa.
Por lo anterior, no es extraño escuchar de consejeros que se multiplican el sueldo, de consejos que mandan al diablo los programas de austeridad y los servidores públicos que poco o nada conocen del derecho electoral.
En resumidas cuentas, estamos ante las consecuencias de la reforma de 2014.
Por eso, ahora que asistimos a otro proceso electoral; ahora que se habla de reformar la ley electoral –una vez más–; y ahora que se perciben los efectos de una ley mal hecha; el Doctor Christopher Ballinas hizo un llamado a diseñar el marco legislativo que permita a las autoridades electorales recuperar la confianza de los ciudadanos.
De seguir como hasta ahora, sentenció Ballinas; si continuamos aprobando reformas, reformas a la reforma y contrarreformas a la reforma; entonces se lesionará la confianza pública en las instituciones. Y este daño, en el ámbito electoral, podría ser irreversible.
Por ello, insistió el especialista, se requiere una ley que refresque la confianza ciudadana.
¿Y cómo se puede revertir el desencanto por la democracia cuando los individuos ya no creen en ella?
Para el Doctor Ballinas, la clave es recordar a los partidos que las leyes electorales deben hacerse para reforzar la confianza y no para favorecer sus intereses.
Es decir, que la clase política tendrá que entender que su función es atender el interés público y no mantener cotos de poder.
En este arreglo, además, los partidos tendrían la oportunidad de corregir todo lo que han legislado al calor de los procesos –y las derrotas– electorales y que ha probado su ineficacia.
Por ejemplo, la restricciones para la adquisición de tiempo en medios de comunicación o el financiamiento de las campañas.
Si los partidos logran entender que las leyes electorales deben priorizar las demandas ciudadanas –y no sus ambiciones de poder–, y además construyen un esquema jurídico que favorezca la credibilidad, la operación y la solidez de los procesos; entonces tendremos la reforma electoral que se requiere. Entonces los ciudadanos volverán a interesarse en política. Entonces, el poder público servirá a los individuos y no a quienes –supuestamente– deben servir a los individuos.
